«En lo que va de año hemos repatriado (en las distintas formas que establece nuestra normativa de extranjería: retornos, readmisiones, expulsiones y devoluciones) a 52.757 inmigrantes ilegales». Son palabras y datos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado jueves en la Comisión de Interior del Congreso. Durante 2005 se repatrió -a través de las cuatro modalidades- a 92.766 inmigrantes.
Segun explican Cruz Morcillo y Erena Calvo en ABC, la media de «expulsiones» cada mes es elocuente, sobre todo porque la rebaja coincide con la mayor crisis migratoria que ha vivido España en cuanto a cifras y dramas humanos.
El año pasado el Gobierno consiguió repatriar a 7.730 «sin papeles» al mes; en los ocho meses de éste, en el que la inmigración ha estallado como una granada en las manos del Ejecutivo, no se ha llegado ni a 7.000; en concreto han hecho el viaje de vuelta 6.594 personas, según las cifras aportadas por Rubalcaba.
El descenso, además, tiene antecedentes puesto que el año pasado se cerró con 28.000 «expulsados» menos que en 2004. En el otro extremo están las llegadas, un goteo incensante, un cayuco tras otro sin que ninguna medida surta efecto.
Casi 22.000 africanos -444 nuevos ayer-han atravesado en ocho meses el Atlántico desde Mauritania y Senegal, como principales orígenes del viaje marítimo, y se han plantado en Canarias. La mitad están ya en la Península con escasísimas posibilidades de ser devueltos a su país en cumplimiento de convenios de readmisión.
Se han firmado acuerdos de cooperación con Cabo Verde, Camerún, Ghana y Senegal, y de seguridad, también con el primero, con Angola y con Guinea Bissau. La mayoría no se han cumplido, o el país lo ha mantenido vigente lo que dura un vuelo o las contraprestaciones exigidas lo han dejado en el camino.
Interior no ha concretado cuántos de los «nuevos» clandestinos de los cayucos han sido expulsados, pero es llamativo que la cifra más abultada de todas las repatriaciones corresponda a las readmisiones (27.161) hasta el 29 de agosto, frente a las más de 52.000 del año pasado. Son aquellas expulsiones en virtud de acuerdos con terceros países, sobre todo con Francia, que afectan a ciudadanos del Este que intentan entrar por La Junquera.
Los retornos -rechazos en los puestos fronterizos, con protagonismo de Barajas y El Prat- se han mantenido, e incluso han aumentado (unos 200 más al mes) con respecto a 2005, mientras que expulsiones y devoluciones, éstas últimas aplicadas básicamente a los marroquíes de las pateras, se han sostenido.
La secretaria de Inmigración, Consuelo Rumí, argumentó hace casi dos años en el Congreso que «la repatriación de irregulares es un instrumento fundamental en la lucha contra la inmigración ilegal». Pero el instrumento está flojeando y las cifras de llegadas disparándose. De hecho, ya se han multiplicado por nueve las personas que han alcanzado Canarias con respecto al año pasado. Rubalcaba le puso nombre la semana pasada: estamos en «la edad de la inmigración».
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