(EFE).-Los cuatro catalanes liberados ayer en México, tras permanecer ocho días detenidos en una estación migratoria mexicana mientras se aclaraba su situación legal en el país, dijeron hoy que fueron «secuestrados» por las autoridades.
Laia Serra Perelló, de 30 años, Ramón Sesén Marquina (31), Núria Morelló Calafell (26) y Ariadna Nieto Espinet (26), dieron una conferencia de prensa en Ciudad de México en la que aseguraron haber sufrido maltrato por parte de los policías de Oaxaca, ciudad sureña en la que fueron detenidos el pasado 5 de agosto.
Además, anunciaron que dejarán el país «rápidamente», pero antes interpondrán una denuncia contra las autoridades mexicanas por violación a los derechos humanos y robo, entre otras cosas.
Según los españoles, al momento de su detención, supuestamente por haber cometido escándalos en vía pública, fueron subidos a la fuerza en dos camionetas cuando se disponían a cenar.
En este tiempo, sostienen, recibieron golpes leves, estuvieron con la cabeza cubierta con una lona, respondieron varios interrogatorios y en ningún momento los policías, algunos vestidos de civil, se identificaron o les explicaron el motivo de su aprehensión ni los cargos formulados en su contra.
«Sentí un miedo terrible (…) el clima era de bastante pánico», explicó Sesén Marquina.
Aseguran, incluso, que una de las mujeres fue objeto de tocamientos sexuales y que los policías les robaron todas sus pertenencias, incluidos pasaportes, tarjetas de crédito, dinero y ropa.
«Como abogada dedicada a los derechos humanos, por primera vez experimenté en carne propia las experiencias que he visto en mi labor profesional», indicó Serra Perelló, quién calificó su detención como un «acto nefasto».
El Instituto Nacional de Migración (INM) liberó ayer a los españoles de una estación migratoria al oriente de la capital mexicana en la que permanecían desde el pasado día 7, tras pasar dos noches en un centro de detención similar en Oaxaca, a 470 kilómetros al sur del Distrito Federal.
El INM argumentó que la liberación fue posible porque se pudo comprobar que los españoles tienen sus visas de turismo en regla, y aseguró que en todo momento las autoridades mexicanas actuaron con «pleno respeto» de la ley y de los derechos humanos.
Sesén Marquina llegó a México el pasado junio, Serra Perelló y Nieto Espinet a finales de julio, y Morelló Calafell el 1 de agosto, y todos tenían planeado visitar juntos las playas del estado de Oaxaca, después de que algunos de ellos hicieron turismo en Chiapas, la zona arqueológica de Palenque y la capital mexicana.
Según los españoles, todos «coincidieron» en Oaxaca el pasado 5 de agosto, día en que se celebraron elecciones parlamentarias en ese conflictivo estado mexicano, donde el año pasado se intensos combates callejeros de seis meses entre organizaciones sociales y las autoridades estatales, saldados con una veintena de muertos.
De otra parte, aseguraron que la Embajada de España en México se limitó a expedirles nuevos pasaportes y a entregárselos hoy.
«En el sentido de nuestra denuncia, quizá hubiera sido de agradecer cierto apoyo con más impulso (del Consulado español) en esta situación», sostuvo Serra Perelló, abogada de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), ONG que en diciembre criticó en México la actuación de las autoridades durante la crisis desatada en Oaxaca.
Los cuatro catalanes defendieron que durante su estancia en México no se vieron involucrados en actividades políticas, lo que las leyes mexicanas prohíben a todos los extranjeros.
Criticaron que el INM tardara ocho días en comprobar su ingreso legal al país, y que en ningún momento recibieran notificaciones oficiales sobre su detención o sobre los cargos en su contra, ni copias de sus declaraciones o expedientes.
«Es posible que esto suceda con cualquier turista», sentenció Serra Perelló, quien estima que el caso tendrá un efecto negativo en el turismo de España hacia México.
La legisladora mexicana Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, defendió durante el trance la inocencia de los españoles e interpuso sendos amparos para evitar su deportación y para denunciar su detención «ilegal y arbitraria».
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