(EFE).- Ecologistas en Acción, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) han denunciado que la política exterior del Gobierno español legitima actuaciones de empresas españolas que violan los derechos humanos en América Latina.
Tras la clausura de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile, las ONG aseguran en un comunicado conjunto que la política del Gobierno está «más centrada en la defensa de los intereses económicos que en la lucha contra las desigualdades».
Para estas organizaciones, «el Gobierno y la Casa Real» han llevado a cabo en Chile una «defensa ciega» de los intereses privados de las empresas españolas que operan en el extranjero, sin haber evaluado ni controlado cuál es su impacto sobre la población y el medio ambiente.
En su opinión, el Ejecutivo es «jurídicamente corresponsable de estos actos por omisión» y piden que el Estado garantice por Ley el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales que las empresas deben respetar en terceros países.
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