
(PD/Agencias).- Hace unas semanas, la emisión en Francia de un reportaje titulado ‘Líbano, país de esclavos’ provocó una oleada de indignación en el país de los Cedros. Los periódicos se colapsaron con mensajes coléricos de lectores —algunos irreproducibles— que consideraban que el documental generalizaba convirtiendo unas cuantas excepciones en norma. Si bien no les faltaba razón, los casos no son tan raros ni exclusivos del Líbano.
En otros países árabes, como demuestran las denuncias de la Organización Mundial del Trabajo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Human Rights Watch (HRW).
La conclusión es contundente: la explotación de los trabajadores domésticos en Arabia Saudí, Kuwait, el Líbano y Emiratos Arabes es un hecho. Impago de salarios, horas de trabajo excesivas, confiscación de pasaportes, restricción de movimientos, invasión de sus vidas privadas, escasez de alimentos, acoso sexual, abusos verbales y físicos…
La situación de las trabajadoras asiáticas y africanas, sustitutas de las empleadas egipcias, sirias y palestinas que antaño trabajaban en los hogares del Golfo, roza a veces el esclavismo ante la impasividad de gobiernos cuyas leyes no protegen a los inmigrantes.
Las irregularidades constatadas por HRW, que la pasada semana publicó el informe de 131 páginas ‘Exportadas y Expuestas’ centrado en las empleadas de Sri Lanka, comienzan en el país de origen: las trabajadoras son engañadas por contratistas que no les informan sobre las condiciones de trabajo y les cobran tasas para cubrir el viaje que les dejan endeudados.
Una vez en los países de destino, los empleadores —responsables de las domésticas a efectos legales— les requisan en muchos casos la documentación: algunas son obligadas a trabajar entre 16 y 21 horas diarias por sueldos de entre 10 y 30 céntimos de euro la hora sin tiempo libre ni posibilidad de relacionarse con miembros de su comunidad.
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