(PD).- El nombre del presidente de Colombia vuelve a estar vinculado con el escándalo de la «parapolítica», el nombre que dan los colombianos a las conexiones entre sus dirigentes y los grupos paramilitares. Después de ordenar la detención de su primo Mario Uribe Escobar, la justicia colombiana se interesa ahora por el jefe de Estado.
Alvaro Uribe reveló ayer miércoles que está siendo investigado por su presunta implicación en una masacre ejecutada por grupos paramilitares en octubre de 1997 cuando era gobernador de Antioquia, después de que un testigo le acusara de haber participado en la reuión para planear esa matanza.
«Me pasé la Semana Santa hablando con abogados para que recogieran toda la información sobre mis movimientos y desplazamientos desde 1988«, explicó Uribe, quien añadió que, según ese testigo, el entonces gobernador se reunió con el general Ospina, el general Rosso y el líder paramilitar Salvatore Mancuso para planear esa masacre.
El bandido y el ciudadano honorable
El mandatario colombiano aseguró que la justicia debe investigar todo los hechos pero teniendo «mucho cuidado» con el testimonio «de un bandido con ánimo de venganza contra un ciudadano honorable» como él, según informa la emisora local Radio Caracol.
«Ese bandido (un ex paramilitar que actuaba en el departamento de Sucre) dice que yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío y que Santiago mi hermano prestó 20 paramilitares para ese crimen«, añadió Uribe.
El presidente opinó que en el testimonio existen «inconsistencias«. «Esa reunión supuestamente es en noviembre y el general Manosalva había muerto en abril«. «Desde 1988 la fuerza publica sabe dónde he ido, dónde he dormido y con quién me he reunido«, se defendió.
Apoyo del Ejército
La masacre tuvo lugar en el corregimiento El Aro, del departamento de Antioquia, cuando durante seis días los paramilitares, con apoyo de miembros del Ejército, asesinaron y torturaron a 15 personas, violaron mujeres, incendiaron 43 casas, robaron ganado y forzaron el desplazamiento de otras 900 personas.
Mancuso, que fue condenado por la masacre a 40 años de cárcel junto al también jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Carlos Castaño -que se encuentra en paradero desconocido-, aseguró que las víctimas de esa masacre habían muerto en combate y que eran miembros de la guerrilla.
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