El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se congratuló ayer porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha aceptado a trámite una demanda que presentó por haber sido inhabilitado para ser candidato electoral.
(EFE).-«El problema de las inhabilitaciones está trascendiendo las fronteras de Venezuela y ya se ha convertido en un problema sobre la salud de la democracia venezolana», dijo López en una rueda de prensa tras conocerse la aceptación por parte de la CIDH de la demanda que presentó el 4 de agosto.
Desde Washington, la Comisión señaló que admitió la demanda a trámite por la presunta violación de los artículos 23, 8 y 25 de la Convención Americana, que hacen referencia a las garantías judiciales, a la protección judicial y a los derechos políticos.
Según indica el informe de la CIDH, López alega que debido a dos sanciones administrativas impuestas en 2004 por la Contraloría General, ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por 3 y 6 años, respectivamente, «a través de acto administrativo, sin que mediara proceso ni condena penal en firme en su contra».
El actual alcalde del municipio caraqueño de Chacao y aspirante a la Alcaldía Mayor de Caracas señaló que también planteó una demanda ante el Mercosur y anunció la próxima llegada a Caracas de una delegación de ese grupo regional para conocer el caso de las inhabilitaciones de políticos en Venezuela.
La estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) señaló, sin embargo, que según el secretario de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Álvarez, no está prevista tal visita a Venezuela.
López forma parte de una lista de 272 funcionarios, chavistas y antichavistas, inhabilitados para aspirar a cargos públicos por el Contralor de la República, Clodosvaldo Russián, por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción.
López sostiene que la Constitución Bolivariana prohíbe la inhabilitación mientras no haya una sentencia firme de algún tribunal sobre los casos de corrupción que se le imputan.
La Contraloría, por su parte, argumenta que la misma Constitución le habilita para sancionar administrativamente, no penalmente, los casos de corrupción que detecte y pueda probar, y aclara que la inhabilitación es una sanción administrativa.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recordado que las inscripciones de candidatos para los comicios regionales y municipales del 23 de noviembre deberán efectuarse antes del 12 de agosto.
Sus portavoces han precisado que actualmente López no puede formalizar su inscripción por estar vigente la inhabilitación de la Contraloría, pero aclararon que eso puede cambiar si así lo determina el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
López y otros integrantes de la lista han presentado un recurso ante el Supremo para que interprete la Constitución y diga si prevalece el criterio de la Contraloría o el suyo.
La presidente del TSJ, Luisa Morales, garantizó que la decisión del tribunal se tomará antes de que venza el plazo de las inscripciones ante el CNE, de manera que nadie vea conculcados sus derechos.
La vicepresidenta del CNE, Janeth Hernández, dijo hoy que ese organismo acatará el dictamen del Supremo y reiteró que «al que aparezca en los códigos de inhabilitaciones se le dirá que no se puede postular».
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