El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, refutó ayer la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, la cual exige a Francia que frene «de inmediato» las expulsiones de ciudadanos gitanos de su territorio.
«Los europeos que viven en territorio francés y no respetan las condiciones de residencia serán repatriados a sus países de origen, ya sea de manera voluntaria o forzosa», explicó Besson en un comunicado emitido hoy.
Al mismo tiempo negó que Francia focalice su política de repatriaciones en la etnia gitana, refirió la agencia DPA.
«Francia no ha tomado ninguna medida específica contra los gitanos…el tratamiento que les estamos dispensando no tiene relación alguna con su real o presunta pertenencia a la comunidad gitana», agregó.
Por 337 votos a favor y 245 en contra, la Eurocámara de Estrasburgo aprobó hoy una resolución en la cual se pide al presidente galo, Nicolas Sarkozy, que frene «de inmediato» las expulsiones.
Desde comienzos de este año, Francia ha expulsado de su territorio a más de 8.000 rumanos y búlgaros que habían buscado refugio en el país. No obstante, París asegura que se trata de una política de «incentivos» al retorno. Cada inmigrante ilegal recibe 300 euros (385 dólares) como «ayuda» personal.
Lo cierto es que desde julio pasado, cuando Francia activó las expulsiones, éstas provocaron una fuerte ola de críticas, incluidas las de la Santa Sede, además de las de la Eurocámara, la Comisión Europea y de las un grupo de expertos en asuntos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La política aplicada por Francia, asegura la resolución, supone «una discriminación en base a la raza y a la pertenencia a un grupo étnico». La libertad de movimientos y el derecho a elegir libremente el lugar de residencia en la UE son derechos fundamentales que los 27 socios comunitarios deben respetar, se explica en el texto aprobado hoy.
Al mismo tiempo, la Eurocámara pidió a la Comisión Europea que ponga en funcionamiento una estrategia global para la integración de los gitanos en Europa.
Hasta la fecha, sólo Italia, con un gobierno conservador presidido por Silvio Berlusconi, ha mostrado su respaldo a la política de mano dura de Sarkozy.
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