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Los motivos, según el texto objeto de debate, son la violación del derecho a asistencia consular y a la presunción de inocencia, ya que la Policía hizo un montaje televisivo para escenificar una detención que nada tuvo que ver con la realidad y que vició todo el proceso.
Pero más que el futuro de una mujer lo que está en juego, coinciden los expertos, es la credibilidad de la Justicia mexicana.
«La resolución del caso Cassez determinará si México es un Estado policiaco-militar-totalitario o uno donde se respetan los derechos humanos», resume en Reforma el activista Eduardo Gallo.
El tema se convirtió en un conflicto diplomático México-Francia, pero impactó en la sociedad porque el caso de la francesa no es una excepción.
«Calculo que la mitad de los encarcelados en México no han tenido un proceso justo«, afirma el padre Pedro Arellano, abogado y encargado de la investigación sobre el caso que realizó la Iglesia mexicana.
«Todas somos Florence«, me gritan muchas mujeres.
Según dice,»hubo muchas presiones del Gobierno» para culpabilizar a Cassez y «subyugar a los jueces», aunque no había pruebas fiables en su contra.
«Cassez nos muestra las prácticas de nuestro sistema: fabricar culpables, esconder evidencias, aparecer otra nueva, encontrar un testigo… no saben cuantas veces pasa», indicaba hace poco la investigadora Ana Laura Magaloni.
El Gobierno, «el mayor productor de víctimas», según Arellano, ahora se erige como su defensor.
Pero, «es un falso debate, la respuesta para todas las víctimas deben ser investigaciones serias», dice el abogado de Cassez, Agustín Acosta.
«La principal víctima es Florence, que estaría libre en cualquier país. Lo peor es encarcelar a una inocente y fabricar un expediente para satisfacer el drama del secuestro en México».
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta‘
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