Un narcotráfico de Estado, dirigido por «narcogenerales» y tutelado por el propio Hugo Chávez, y una Justicia amañada tanto para proteger esas operaciones como para «montar» juicios contra disidentes políticos
La Asamblea Nacional de Venezuela otorgó este 30 de abril de 2012 un nuevo permiso al presidente Hugo Chávez, para que vuelva a tomar rumbo a La Habana a fin de continuar con su tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2011.
Un viaje ‘médico‘ llega marcado por las denuncias del exmagistrado Eladio Aponte, quien acusó al Ejército de ese país de llevar a cabo actividades vinculadas al narcotráfico y al gobierno del teniente coronel retirado de manipular la Justicia para su beneficio político.
Este será el segundo viaje del mandatario suramericano a la isla en menos de un mes. El pasado 14 de abril de 2012, el pleno legislativo autorizó al jefe de Estado a ir a La Habana, retornando a Caracas el 26 de abril, tras permanecer 11 días en el país caribeño.
A lo largo del primer trimestre del año, Chávez ha gobernado Venezuela desde la distancia, gracias a las redes sociales o través de llamadas telefónicas y algunas apariciones en televisión, en donde anuncia presupuestos o promulga leyes que entrarán en vigor a partir de este 1ero de mayo como la nueva Ley del Trabajo.
Las ausencias del mandatario, así como los rumores sobre su estado de salud, han estado marcadas estos días por las denuncias del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, que acusa a mandos de las Fuerzas Armadas Boliviarianas (FAB) de llevar a cabo actividades relacionadas con el trafico de drogas y al Gobierno venezolano de manipular la Justicia para su beneficio político.
La etiqueta de «narcoestado» ha ido empañando la imagen de Venezuela en los últimos meses, por lo que esta no es la primera vez que se escucha de la supuesta relación entre el Ejército de ese país con el narcotráfico.
En 2011, el caso del narco venezolano Walid Makled, alías «El Turco», capturado por las autoridades colombianas y luego extraditado a Venezuela, fue el primero en declarar públicamente los nexos de las FAB con la narcoguerrilla de las FARC, llegando a decir que enormes alijos de cocaína y marihuana partían de suelo venezolano bajo la supervisión de los militares.
Como explica Emili J. Blasco en ‘ABC’ a menos de un año de la captura de Makled, Aponte, quien fue destituido por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, no sólo volvió a referirse a este asunto en una entrevista con un canal estadounidense., sino que también llegó a afirmar que como magistrado, recibió llamadas «desde el presidente para abajo» que le «daban las directrices de acuerdo con el panorama político» y señaló que el vicepresidente Elías Jaua «maneja la Justicia».
La reacción inmediata de Chávez fue burlarse de las denuncias y limitarse a tachar al exmagistrado de «delincuente». Pero pese a las comprometedoras acusaciones en contra del Gobierno y las Fuerzas Armadas, la Fiscalía venezolana no abrirá una investigación sobre las mismas por considerar que «no son suficientes para iniciar una investigación», según dijo la Fiscal General, Luisa Ortega. Una postura que la oposición condenó por considerar que en un sistema democrático «no pude haber intocables».
Mientras la borrasca se cierne sobre Venezuela, Eladio Ortega se encuentra en EEUU prestado colaboración a la Agencia Antidrogas (DEA), el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regresa a Cuba para seguir gobernando desde la isla y dirigiendo desde la distancia su campaña para la reelección de cara a los comicios generales del próximo 7 de cotubre.
