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Tras ser "derrocado" el pasado 28 de junio

Zelaya podría regresar al poder

Micheletti admitió la posibilidad de estudiar restitución de "Mel"

Paul Monzón 06 Oct 2009 - 15:30 CET
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El presidente del Gobierno ‘de facto’ hondureño, Roberto Micheletti, se mostró convencido de que esta semana se pueda llegar a un acuerdo para poner fin a la crisis política que vive Honduras desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio.

«Creo que sí. Todo depende del diálogo. No es con presiones ni con gritos que se alcanzará un acuerdo», explicó el mandatario al programa televisivo ‘Frente a Frente’, al ser preguntado si confiaba en llegar a un acuerdo con el presidente depuesto Manuel Zelaya esta semana. «Yo creo que vamos en un buen camino», apostilló.

Por primera vez, Micheletti admitió de forma pública la posibilidad de estudiar la restitución de Zelaya en el poder, condición en la que insiste en presidente derrocado.

«La restitución es una aspiración del señor Zelaya que habría que escucharla ya con mejores planteamientos, con planteamientos legales, porque no se puede restituir a una persona que está con problemas legales», admitió.

Sin embargo, Micheletti insistió en la necesidad de que Zelaya, que se encuentra refugiado en la Embajada brasileña en Tegucigalpa desde que regresó por sorpresa a Honduras el pasado 21 de septiembre, «abandone las aspiraciones y que se dé una sucesión constitucional como lo manda la ley, pero con la decisión y la obligación de apoyar el proceso electoral, el próximo 29 de noviembre», en alusión a las elecciones presidenciales previstas para esa fecha.

«De ahí (de las elecciones) para allá se puede hablar de cualquier escenario que podríamos pensar que podría ser cualquier solución, ya con un nuevo Presidente, un Presidente electo», explicó.

Una misión de la OEA llegará a Honduras este miércoles, 7 de octubre, para «promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país». La delegación estará encabezada por Insulza, quien irá acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica del Gobierno español, Juan Pablo de Laiglesia.

 

 

 

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