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En la Eurocámara ante el Consejo de la Unión Europea

Denuncian «explotación» de multinacionales a inmigrantes

Asociaciones y ONG critican "complicidad" de la Unión Europea

Paul Monzón 19 Nov 2009 - 10:34 CET
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Representantes de diversas asociaciones latinoamericanas denunciaron en Bruselas la «impunidad» con la que multinacionales europeas -entre las que mencionaron a las españolas Repsol, Pescanova o Unión Fenosa- «explotan» los recursos de la zona y «violan sistemáticamente los derechos humanos».

Miembros de ONG, sindicatos, movimientos sociales y medioambientales agrupados en la red Enlazando Alternativas se concentraron el miércoles en Bruselas frente a los edificios de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea (UE) y participaron en la Eurocámara en una audiencia organizada por el grupo de la Izquierda Unida europea.

Los manifestantes criticaron la «complicidad» de la UE en los «delitos económicos» perpetrados por múltiples multinacionales europeas.

«La UE está subvencionando directa o indirectamente a estas empresas, a pesar de que producen corrupción y violan los derechos humanos en América Latina», según el portavoz del Observatorio de la Deuda y la Globalización, David Llistar.

El activista recordó que «particularmente las compañías españolas» -como Repsol, Iberdrola, Banco Santander o Pescanova- atentan «sistemáticamente» contra los derechos de los latinoamericanos, ya sea por impacto directo -como cuando las petroleras contaminan- o por su influencia negativa en las políticas públicas.

Llistar indicó que las compañías españolas suponen más de la mitad de la inversión europea en la región y recalcó que «está en manos del Gobierno español y de las empresas españolas dejar de producir delitos económicos».

Un ejemplo es el caso de Unión Fenosa, «una de las empresas más denunciadas», según Llistar, que comete «abusos e irregularidades» en Nicaragua al «aumentar de forma desconsiderada las tarifas», lamentó la portavoz de la organización «Otro mundo es posible», Dolores Jarquín.
En consecuencia, el servicio es «inaccesible» para los miles de nicaragüenses que perciben salarios de 100 dólares al mes, precisó Jarquín.

 

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