Ante la controversia surgida por el anuncio del consistorio de Vic de que informará a la Delegación del Gobierno de aquellos inmigrantes en situación irregular que soliciten empadronarse, la portavoz de esta asociación, Jeanette Vallejo, ha remarcado que el empadronamiento «es un derecho y una obligación» y que no puede estar sometida a una condición de control de las personas.
«El ayuntamiento de Vic está desviando la atención de los problemas reales» ha afirmado Vallejo, que cree que el consistorio de Vic, gobernado por CiU, ha hecho una lectura «malinterpretada», y con una visión electoral, de la respuesta de la Comisión Europea sobre el papel de las administraciones locales ante el empadronamiento de irregulares.
«Los ayuntamientos deben crear mecanismos para no instrumentalizar la inmigración», ha insistido Vallejo, que pide un debate alejado del «ruido» generado por el Ayuntamiento de Vic, que a su juicio persigue réditos en las urnas.
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