El diputado socialista en el Congreso por Córdoba Juan Luis Rascón, que es juez en excedencia, sostiene que es una «desmesura salvaje» que la juez que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía haya pedido las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años. «En una investigación judicial penal no todo vale», avisa.
Según argumenta, las actas de las reuniones de un Gobierno están «protegidas por ley», por lo que la idea de la juez de exigir las actas de los Consejos de los últimos diez años, «además de una salvaje desmesura jurídica, es sencillamente ilegal, tanto como que abocaría al jefe de gobierno que lo aceptara a cometer una ilegalidad».
En un artículo publicado en su página personal de Internet y recogido por Europa Press, Rascón expresa su apoyo a la negativa de la Junta a proporcionar esas actas. «Ese gobierno ‘requerido’ lo que tiene que hacer es decir con naturalidad que no por responsabilidad democrática; negarse a incumplir la legalidad vigente para precisamente salvaguardar el Estado de Derecho que otros poderes desconsideran», apostilla.
A su juicio, «la democracia tiene como baluarte al Estado de Derecho» y «un juez –o jueza– de Instrucción no lo puede todo» porque «prima el respeto a las leyes por los ciudadanos y, sobre todo, por los poderes públicos». «En una investigación judicial penal no todo vale», remacha.
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