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El presidente, Donald Trump, alabó en la red social Twitter la política migratoria de Australia, asegurando que Estados Unidos tiene mucho que aprender de ese país oceánico. Apenas unas horas después, se ha conocido un ejemplo más de los efectos despiadados generados por la política migratoria.
Los medios de comunicación dieron a conocer que se iba a deportar a una familia irlandesa con residencia permanente porque tuvo un hijo que sufre fibrosis cística y el Gobierno australiano considera que su tratamiento supondría una carga para los contribuyentes. Ahora también se conoce que una abuela inglesa de 93 años ha muerto en un centro par mayores cuando iba a ser deportada por sus problemas de salud.
Mollie Manley se mudó a Perth (Australia) hace 11 años para estar más ceca de sus tres nietos y sus nueve bisnietos, todos ellos ciudadanos australianos. A principios de este año solicitó la residencia permanente, pero le fue denegada después de que su salud haya empeorado en los últimos meses.
La mujer estaba siendo cuidada en un centro de mayores, tras perder vista y movilidad. El Gobierno, considerando que suponía una carga para los contribuyentes, le dio 28 días para abandonar el país. La familia apeló y logró retrasar la decisión (como sucedió también con el niño enfermo mencionado antes), una vez que el caso se hizo público a través de la prensa, pero no sin antes atravesar un fuerte estrés y sufrimiento.
Su yerno Robert Rowe ha evitado atribuir el desenlace final sólo a este factor, pero sí ha dicho que las pruebas a las que se sometió a la anciana antes de decidir negarle la residencia permanente sí contribuyeron a su fallecimiento.
“Todas las personas con las que he hablado sobre esto dicen, ¿no es desagradable lo que nuestro Gobierno está haciendo? Y es desagradable, la gente normal tiene mucha más visión moral que el Gobierno”, ha explicado Rowe.
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