(EFE).- El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue imputado ayer por la Fiscalía General por nueve delitos, entre ellos genocidio, al cumplirse el cuarto aniversario de las protestas en que murieron más de 60 personas y provocaron su renuncia al gobierno.
El fiscal general Mario Uribe presentó a la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad sureña de Sucre, la imputación contra el ex mandatario (1993-1997 y 2002-2003), sus ministros del segundo periodo de gobierno y los jefes militares de esa época.
El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, dijo a Efe que los delitos por los que se acusa a Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos junto a dos de sus ministros, pueden suponer una condena de hasta 25 años de prisión.
Según un comunicado de la Fiscalía, Sánchez de Lozada fue acusado por los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
Por los mismos delitos fueron imputados ocho ministros de su gabinete de entonces, entre ellos el de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos en octubre del 2003.
También por la misma denuncia serán procesados otros cinco altos jefes militares de esa época, el almirante Luis Alberto Aranda y los generales Roberto Carlos Flores, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz y José Quiroga Mendoza.
Las protestas de entonces fueron provocadas por el descontento de los sectores sociales con un proyecto de exportación de gas natural hacia Estados Unidos, que pretendía usar puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones por su controversia marítima.
El proyecto de exportación fue impulsado en su momento por la empresa hispano argentina Repsol YPF en sociedad con las británicas British Gas y British Petroleum, pero ahora está abandonado.
Por otro grupo de delitos, entre los que están homicidio, lesiones gravísimas y resoluciones contrarias a la ley, fueron imputados los ex ministros del mismo período Jorge Torres, Eric Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino.
La fiscalía precisó que ningún ex miembro del gabinete de Sánchez de Lozada fue sobreseído en la investigación.
Según el comunicado, el siguiente paso del proceso a Sánchez de Lozada consistirá en preparar el juicio oral en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el fiscal Uribe presentaba la imputación ante la Corte Suprema, los familiares de las víctimas se manifestaron tanto en la ciudad de Sucre como en La Paz para exigir justicia y cárcel para Sánchez de Lozada.
En La Paz, más de tres mil manifestantes protestaron a las puertas de la embajada de Estados Unidos, llevando un ataúd en las manos cubierto con una bandera boliviana.
A las puertas de la embajada, abrieron el ataúd para mostrar el rostro de Eulogio Samo, quien falleció este martes a causa de heridas recibidas hace cuatro años, según los manifestantes.
La sede diplomática amaneció con una fuerte custodia de policías con quienes los manifestantes forcejearon al intentar entrar por la fuerza al edificio.
Los familiares de la víctimas amenazaron con quemar el edificio de la embajada si hasta diciembre las autoridades de Washington no extraditan al ex mandatario.
