(EFE).- El Senado de Uruguay rechazó ayer la despenalización del aborto, debido a que dos senadores del gobernante Frente Amplio votaron de manera distinta a la de sus correligionarios y les hicieron así perder la mayoría.
La propuesta finalmente rechazada, que estaba incluida en un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, establecía que «la mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez».
Para ello, era «suficiente» que alegase ante un médico «circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevivido la concepción, situación de penuria económica, sociales, familiares o etarias (de edad)».
El resto del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva sí fue aprobado por la cámara alta uruguaya, que cuenta con 30 miembros, de los cuales 17 pertenecen al izquierdista Frente Amplio.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate, sin la parte referida al aborto.
Además de los dos senadores frenteamplistas votaron en contra de la despenalización del aborto los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Uno de los senadores «colorados», Washington Abdala, se retiró de la sala antes de la votación.
Tras el fracaso en el Senado, los partidarios de la legalización del aborto, que está penado en Uruguay desde 1938, indicaron que se debería hacer una consulta popular (plebiscito) sobre este asunto.
La incorporación del aborto al proyecto de ley reproductiva había sorprendido a los partidos políticos de Uruguay, que preveían que su trámite parlamentario podía fracasar.
La oposición manifiesta del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, a una despenalización del aborto hacía suponer que en la coalición de izquierdas no iba a plantear este tema, más aún cuando el mandatario había anunciado que estaba dispuesto a «vetar» cualquier norma que autorice la interrupción voluntaria del embarazo.
Días antes del inicio por el Senado de la discusión del proyecto de ley la Iglesia uruguaya emitió varios mensajes contrarios al aborto y el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, encabezó una marcha de protesta por la principal avenida de la ciudad.
El proyecto rechazado señalaba la posibilidad de penas de entre tres y nueve meses de prisión para las mujeres que se realicen un aborto fuera del plazo permitido.
