(EFE).- El Parlamento de Venezuela confirmó la reforma constitucional que limita la libertad de información en estado de excepción, uno de los más polémicos de un conjunto de cambios que en diciembre serán aprobados o rechazados en un referéndum.
Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) y afín al Gobierno del presidente Hugo Chávez, dijo confiar en que el artículo no tenga que aplicarse nunca, porque «su activación significaría que estamos en guerra, golpe de Estado, intervención o un desastre natural de proporciones mayores».
Flores presentó esta reforma con algunos cambios debido a las críticas a las restricciones de derechos ciudadanos que han surgido en las propias filas pro-chavistas.
En ese sentido, el texto del artículo respectivo, cuyo debate se prevé que prosiga el jueves antes de ser votado en la AN, mantuvo la vigencia del derecho al debido proceso, lo que inicialmente se pretendió restringir, aunque mantuvo la limitación a la información.
La periodista y vicepresidenta de la AN, Desirée Santos Amaral, aplaudió la limitación a la libertad de información en estados de excepción porque así «le conferirá herramientas al Estado para defenderse de los golpistas y garantizar la paz», remarcó.
Santos estima que la próxima semana culminará la labor de debate y redacción de todas las normas, para permitir que el Consejo Nacional Electoral convoque el reféndum para su ratificación, previsiblemente el próximo 2 de diciembre.
Las reformas en su conjunto apuntan a la instauración de un sistema político, social, económico y territorial que el Gobierno y los diputados llaman socialista, aunque algunos, pese a aclarar que mantienen su apoyo a Chávez, se han sumado a las críticas opositoras y de la cúpula católica que denuncian un supuesto desvío «hacia un autoritarismo personalista».
Entre otros asuntos, los diputados ya aprobaron la reforma que faculta la reelección presidencial sin más límite que el deseo del gobernante a postular su nombre las veces que lo desee.
«No es constitucional que se pueda restringir el derecho al debido proceso», dijo la semana pasada el fiscal general, Isaías Rodríguez, aunque sí expresó su apoyo a la información restringida cuando en un estado «de conmoción interior, bélico», ésta se ponga «del lado del bando del país que nos invade», según remarcó.
«El derecho a la información está siendo confiscado, es intangible (…) y solicitamos que sea restablecido», manifestó al inicio del debate uno de los diputados del minoritario bloque parlamentario del Partido Podemos (PP), a cuyos dirigentes Chávez calificó de «estiércol y traidores» y los incluyó en la oposición.
El artículo aprobado forma parte de la treintena propuestos para su reforma por la AN y que complementan los cambios a 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999 presentadas por Chávez el 15 de agosto último.
