(EFE).- La Justicia argentina ordenó ayer reabrir una investigación sobre la imposición en 2001 de restricciones a los movimientos de depósitos, en lo que se conoció como «corralito» bancario y que marcó el principio del fin del Gobierno de Fernando de la Rúa.
Fuentes judiciales indicaron que la Cámara Federal (tribunal de alzada) revocó una decisión de un juez de primera instancia que resolvió archivar el caso.
Los magistrados Marín Irurzun y Horacio Cattani, de la Cámara Federal, ordenaron realizar urgentes medidas de prueba para evitar la prescripción del presunto delito.
La investigación reabierta hoy, que aún no tiene juez a cargo, deberá determinar si funcionarios gubernamentales actuaron en «connivencia» con los bancos a la hora de acordar las medidas que derivaron en la no restitución de los depósitos de los clientes de las entidades financieras.
Irurzun y Cattani ordenaron determinar si las autoridades del entonces Ministerio de Economía y del Banco Central argentino «pudieron tener algún tipo de responsabilidad penal en la crisis de solvencia y liquidez que llevó a las instituciones financieras hacia el colapso».
Los límites al retiro de fondos de cuentas a la vista y de depósitos a plazo fijo fueron impuestos el 3 de diciembre de 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, con el fin de frenar una masiva fuga de capitales y evitar la quiebra de varios bancos.
En un fallo emitido el 1 de febrero de 2002, la Corte Suprema de Justicia consideró que las limitaciones bancarias iban en contra de la Constitución y del Pacto de San José de Costa Rica, que protegen los derechos a la propiedad privada y a la inviolabilidad de los bienes.
Pero el gobierno de Eduardo Duhalde, que asumió el 1 de enero de 2002, doce días después de la renuncia de Fernando de la Rúa (1999-2001), entendió que la resolución del supremo tribunal era inaplicable y suspendió por 180 días todas las acciones judiciales contra el «corralito».
Además de decretar la devaluación del peso tras una paridad «uno a uno» con el dólar de casi once años, Duhalde profundizó el «corralito» al transformar en moneda nacional los depósitos en divisa estadounidense a un valor sensiblemente menor al del mercado y reprogramar la devolución de los fondos a plazo fijo.
Así surgió el denominado «corralón», que enervó aún más la ya colmada paciencia de los ahorradores.
Los bancos, que por efecto de la devaluación sufrieron grandes desfases financieros y cuantiosas pérdidas, fueron el blanco de la ira de los perjudicados por estas medidas, a tal punto que debieron blindar con lo que fuera las fachadas de sus edificios.
El «corralito» finalmente fue abierto el 2 diciembre de 2002, mientras los fondos atrapados en el «corralón» fueron liberados totalmente en marzo de 2003, aunque los depósitos que se habían hecho en dólares nunca recobraron esa condición original.
