(PD).- Miembros del grupo conocido como «Ponchos Rojos» (Ejército del Pueblo), formado por aimaras radicales afines al Presidente boliviano, mataron a dos animales en señal de intimidación a los opositores «que no quieren el cambio» en el país.
El secretario ejecutivo de los «Ponchos Rojos», Ruperto Quispe, confirmó que en el ritual, realizado durante una asamblea en una localidad del altiplano, participaron también otros grupos de campesinos del departamento de La Paz.
Según Quispe, muchos de sus compañeros están enojados con los «terratenientes que no quieren el cambio en Bolivia».
El ritual de los «Ponchos Rojos» se suma a la presión que ejercen sobre la oposición los partidarios a Morales que marchan hacia La Paz y Sucre.
Una de las movilizaciones se acerca por el altiplano a La Paz, sede del Gobierno, donde llegará el próximo lunes para presionar al Senado, controlado por la oposición, que ha bloqueado decenas de proyectos oficiales.
Entre tanto, seguidores de Morales de la vecina ciudad de El Alto, la más pobre del país y donde el mandatario tiene más apoyo, llegaron ayer a Sucre, capital oficial de Bolivia, para exigir que vuelva a trabajar la Asamblea Constituyente, paralizada a solo tres semanas de entregar la nueva Carta Magna.
Al respecto, el diputado César Navarro, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que los sectores sociales «están en la obligación de defender» sus conquistas.
«Estamos viviendo un momento definitivo para el futuro político del país», sentenció Navarro en un comunicado difundido ayer por la Agencia Parlamentaria de Noticias.
«¿Vamos a ver pasivamente que nos derroten y que nos pisoteen o estamos en la obligación de defender nuestras conquistas?», se preguntó el legislador, subjefe de los diputados del MAS.
Mientras, el dirigente de los «Ponchos Rojos» aclaró que no buscan «provocar», pero enfatizó que van a defender que la Constituyente pueda concluir su labor, porque su instalación ha sido una lucha «de varios años».
La Asamblea está bloqueada desde hace tres meses por protestas en Sucre, muchas veces violentas, que reclaman que ese foro discuta el traslado a esa capital de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que están en La Paz desde una breve guerra civil en 1899.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha alertado de que se avecina más «tensión» entre las fuerzas enfrentadas en este país de casi diez millones de habitantes.
El gobernador opositor Rubén Costas, de la rica región de Santa Cruz (oriente), acusó la semana pasada a Morales de tramar un «autogolpe», lo que fue desmentido por el Gobierno, que anunció que le procesará junto a sus colegas de Tarija, Beni y Pando por «sedición» por llamar a la desobediencia civil, según informa Infobae.
