(PD).- Las manos de Rosa Lanchimba son ásperas y fuertes, oscuras como el suelo que cultiva. Cada año repite el ritual milenario de la siembra y la cosecha –su pachamama– que la hermana con la naturaleza a quien le agradece la vida.
Escribe Susana Arroyo en El Periódico, en un blog titulado Latitud Cero, que en los páramos, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, ella y su familia producen papas, habas y cebolla.
En ocasiones, brócol, rábanos y lechugas. Lo hace en alianza con su comunidad, para multiplicar su energía y dividir su carga. Estas mingas (largas jornadas de trabajo colectivo) son comunes en los Andes, donde miles de personas sobreviven de la agricultura y la ganadería:
«Hace unos años era mucho mejor, pero se fue haciendo cada día más difícil vivir de la tierra», recuerda Rosa, mientras explica indignada cómo les afecta la pérdida de sus propiedades, las lluvias irregulares y la privatización de las fuentes de los ríos.
Estas condiciones, sumadas a la falta de inversión, han frenado el desarrollo de las comunidades extendidas en las faldas del nevado Cayambe, en la provincia de Pichincha, al norte de Quito.
¿Las consecuencias? Los suelos pierden productividad, las familias no logran comercializar sus cosechas, las motivaciones para trabajar disminuyen y los más jóvenes deciden emigrar o trabajar en empresas de producción de flores.
¿Cómo recuperar la capacidad productiva de familias indígenas y campesinas como la de Rosa? ¿Cómo fortalecer su capacidad y generar más ingresos? Motivado por estas preguntas, el Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) apostó por una alternativa inspirada en el derecho de los campesinos al agua y al riego.
En definitiva, por una gestión social y comunitaria del páramo. Su lógica es simple: si conservamos el páramo, la disponibilidad de agua aumenta; si disponemos de agua, podemos distribuirla equitativamente para riego; y, si hacemos efectivo el derecho al agua y al riego, hay alimentos, aumenta la producción y mejora la comercialización.
Apoyados por organizaciones como Intermón Oxfam, el modelo impulsado por IEDECA es hoy una alternativa eficaz.
En mi primera visita a Cayambe, Gonzalo Rojas, dirigente social de la zona, me explica con detalle y entusiasmo cómo las quemas sin control y la extensión de la barrera agrícola y ganadera han dado paso a sistemas de control social que buscan el equilibrio entre el respeto a la naturaleza y la generación de recursos.
«El suelo es vida y no negocio, por eso apoyamos y exigimos iniciativas como esta, que respeten la montaña y nuestro derecho a la tierra, nuestro derecho a la vida», dice.
«¿Involucrarán a las autoridades locales?», le pregunto. «Con autoridades o sin ellas, con su apoyo a sin él, nuestro fin es conservar el páramo y reivindicar el derecho a una vida digna. Es una tarea que nos dejaron nuestros mayores y heredaremos a nuestros hijos, no solo una idea de la municipalidad o de las oenegés», contesta Gonzalo.
Su mirada es tan convincente como su palabra. No me queda ninguna duda: en Cayambe, las comunidades son sujetos de su propio desarrollo.
