(PD).- Escribe Alfonso Rojo en ABC que no sabe si se trata de perversión, ignorancia o simple estupidez: «El caso es que siguen proliferando en periodismo y en política los imbéciles que cubren con un manto de dignidad a los criminales de las FARC y etiquetan como «guerrilleros» a quienes no son otra cosa que voraces narcoterroristas».
Uno puede entender que jueces como Garzón no se atrevan a encausar a Fidel Castro o Daniel Ortega, aplicándoles los criterios que llevar al octogenario Pinochet al banquillo.
A fin de cuentas, tanto el eterno dictador cubano como su corrupto imitador nicaragüense son jefes de Estado y la pringosa diplomacia internacional obliga a tragar muchos sapos.
Pero lo de las FARC no tiene pase. ¿Qué impide que un viejo psicópata como Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», sea acusado ante la Corte Penal Internacional?
La misma que de vez en cuando juzga a un hutu ruandés con aficiones genocidas o manda a prisión a alguno de los serbios o croatas que hace 15 años perpetraron tropelías en la antigua Yugoslavia.
El CPI es un tribunal de justicia internacional, cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el exterminio, las torturas o los secuestros.
¿Y qué hacen desde hace tres décadas los de las FARC con gente como Ingrid Betancourt y con miles de inocentes, anónimos casi siempre, porque no fueron candidatos presidenciales o carecen de apellido famoso?
Durante el mandato de Andrés Pastrana y obsesionadas por abrir a las FARC una puerta, que facilitase la liberación de secuestrados, las autoridades colombianas firmaron una salvedad, por la que la CPI no podría juzgar hasta 2009 atrocidades de Tirofijo y sus secuaces.
Pues ha llegado el momento de levantar esa cortapisa.
Tiene razón el presidente Uribe – cuyo padre fue asesinado por los desalmados que intentaban secuestrarle- cuando afirma que en Colombia no hay una guerra, sino un desafío del narcoterrorismo a un Estado democrático y que dar aire a esos delincuentes, como hacen Hugo Chavez y varios gobiernos europeos, coloca a los criminales al nivel de las autoridades legítimas.
