(PD).-El Consejo General del Poder Judicial contabiliza 74 víctimas asesinadas el año pasado, tras confirmarse judicialmente los dos casos de diciembre. Con ese dato, 2007 se convierte en el año con más muertes por violencia de género desde 2000, pese a la ley integral y al aumento continuo de medios.
La solución parece lejana. Hay más denuncias que nunca, más condenas que nunca, más campañas, más recursos, pero no todo sigue igual, sino que en el caso de los asesinatos va a peor. «Las cifras de muertes por violencia machista son muy preocupantes. No se han reducido, han ido a más. Debe tomarse como una prioridad política porque es un problema que no hemos logrado resolver en democracia», admite la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Montserrat Comas.
En este caso, las estadísticas no enmascaran nada, más bien al contrario. Se ha pasado de 52 crímenes por violencia de género en 2005 a veinte casos más el año pasado, una auténtica sangría, cuando todos los ojos estaban puestos en los rendimientos de una ley consensuada e integral, cuando ya funcionan a pleno rendimiento 83 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer -los últimos abrieron sus puertas la semana pasada- y cuando, al menos sobre el papel, se han incrementado los policías y guardias civiles encargados de velar por la seguridad de estas mujeres maltratadas.
Las extranjeras, vulnerables
No sólo han aumentado los crímenes como tal. Además de la terrorífica cifra, es más que llamativo quienes han sido las víctimas: el 40 por ciento extranjeras, cuando el porcentaje total de población no española ronda el diez por ciento. En 2001, nueve de las asesinadas eran extranjeras; el año pasado 30, y el ascenso fue progresivo cada trimestre.
En cambio, la correspondencia con los agresores no es así de matemática. En diez de los casos el imputado es español. «Hay un plus de vulnerabilidad respecto de las víctimas extranjeras. Es fundamental cuidar las campañas de sensibilización para que les lleguen. Muchas no saben dónde recurrir y otras aún piensan que las pueden expulsar si denuncian a su maltratador. Es otra de las asignaturas pendientes», apunta Comas.
Pero aunque las denuncias se han disparado -también las de extranjeras han subido-, sólo el 27 por ciento de las asesinadas por su pareja o ex pareja (poco más de una de cada cuatro) había acudido previamente a la policía o al juez para denunciar a quien la acabaría matando. El refuerzo de las campañas de prevención aún no es suficiente.
Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica se aboga por una mayor implicación social y familiar (sólo el uno por ciento de las denuncias son interpuestas por parientes) para sacar a la luz los malos tratos. Eso para quitar el velo de silencio. En caso de que la situación ya sea conocida (doce de las víctimas tenían orden de protección), la receta pasa por «acertar en la valoración del riesgo» policial y judicialmente.
