(PD).- La ganadera Carolina Restrepo, de 40 años, fue liberada hace cinco años, después de que su familia pagara 110.000 euros al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia. «Ustedes tienen que financiar la guerra».
La mayoría de los miles de secuestros cometidos anualmente en América Latina no se denuncian, pero sí se pagan. Los multimillonarios rescates sufragan ilegalidades de todo tipo: el funcionamiento del ELN y de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), una telaraña de negocios tapadera o las cuentas bancarias de cientos de bandas de delincuentes y mafias policiales en México, Brasil, Argentina, Venezuela o Ecuador. Numerosas víctimas pierden la vida o son mutiladas para apremiar el pago del rescate.
Como explica Juan Jesús Aznárez en El País, la inestabilidad política o económica de varios países de Latinoamérica, la fragilidad del Estado de derecho en casi todos, y la masiva pobreza alimentan una lacra de consecuencias dañinas: el secuestro, sea político o simplemente ladrón, frena la inversión de las compañías extranjeras al encarecer sus operaciones con costosos planes de seguridad.
No pocos ejecutivos rechazan domiciliarse en las capitales más peligrosas.
