El primer ministro británico, Gordon Brown, reivindicó ayer la contribución de los inmigrantes a la economía del Reino Unido y rechazó imponer el límite a la entrada de extranjeros en el país que propuso una comisión de la Cámara de los Lores en un informe que apunta que la contribución de este colectivo a la mejora de las arcas públicas es «pequeño o inexistente» y que debería ponerse coto a los flujos anuales.
(Europa Press).-Preguntado en una rueda de prensa en su residencia de Downing Street acerca del documento, que habla incluso de los daños propiciados por los extranjeros en aspectos como el recorte de salarios o el aumento del precio de la vivienda, Brown recordó que las propias conclusiones del trabajo hablan de una «ganancia sustancial» de seis millones de libras esterlinas (unos 7,8 millones de euros) aportadas por este contingente en 2006.
Así, frente a las alarmas acerca de su influencia negativa en el mercado laboral recogidas en el estudio elaborado en Westminster con la participación de antiguos ministros del Tesoro, el mandatario destacó que muchos negocios de las islas con problemas por la carencia de mano de obra se habían beneficiado de un escenario más amplio de profesionales cualificados a raíz de la entrada de inmigrantes.
No obstante, Brown admitió las posibilidades de modelos como el adoptado por Australia, basado en un sistema de puntuación de formación para los que pretenden conseguir un visado de trabajo, a la hora de «restringir» el contingente de fuera de la Unión Europea y descartar a aquellas personas sin cualificación procedentes de países que no figuran entre los 27.
De igual modo, sugirió el establecimiento de un nuevo fondo de ciudadanía a partir del que sufragar los servicios públicos consumidos por las personas no nacidas en las islas, que deberán contribuir de esta forma a su mantenimiento, así como un mayor apoyo financiero a las administraciones locales para afrontar los nuevos flujos de inmigrantes.
NUEVOS ESCENARIOS
En esta línea, Brown asumió los nuevos escenarios resultado de los movimientos de personas y la creciente atracción ejercida por Reino Unido y, en consecuencia, la necesidad de garantizar el equilibrio de la balanza fiscal, si bien puso en valor la gestión acometida hasta ahora en base al incremento del Producto Interior Bruto per cápita de 13.900 libras a 22.840 desde que los laboristas llegaron al poder en 1997.
Un dato tras el que aprovechó para poner a la capital británica como ejemplo de integración, al declarar que «mucha gente en Londres sabe que se ha beneficiado de forma muy importante» de la inmigración, «no sólo por la inversión extranjera que viene de compañías internacionales, sino del número de trabajadores que llegan para unírseles y que están haciendo una ingente contribución a la economía británica».
Con todo, admitió la obligación de salvaguardar la estabilidad de la balanza fiscal de Reino Unido, «y por supuesto ser conscientes de la presión sobre nuestra economía», aunque incidió en que cualquier límite a la entrada sólo se podría imponer a aquellas solicitudes procedentes de fuera de la Unión Europea.
«Mucha gente de la que propone un tope está apuntando sólo a un 20 por ciento de los posibles inmigrantes que llegan a este país», aclaró, tras lo que aprovechó para subrayar que, de estos potenciales descartados, «muchos de ellos están altamente cualificados y son importantes para la economía».
IMPACTO NEGATIVO
Sin embargo, el documento elaborado por los lores asegura que la competición promovida por los extranjeros ha tenido un negativo impacto en el recorte de los sueldos y la formación laboral de los jóvenes británicos, en lo que supone una dura crítica contra la teoría del Gobierno acerca de que la inmigración es buena para la economía.
En este sentido, la comisión propone poner coto al número de los que entran en el país cada año en base a que su aporte a la economía de Reino Unido no sólo es «pequeño o inexistente» y que incluso ha afectado negativamente a algunos colectivos locales, como el de las personas con bajos salarios, algunas minorías étnicas y jóvenes en busca de trabajo, que han visto cómo la competición promovida influía en sus posibilidades.
Por ello, entre sus recomendaciones, los lores consideraron que el Ejecutivo debería establecer un «nivel de objetivos específico» para la inmigración y crear normas para mantener esos límites, como la de reducir el número de parejas u otros familiares que pueden asentarse por contar con parientes que residen en las islas.
