Las cárceles de los «sin papeles»

Las cárceles de los "sin papeles"

(PD).-Existen nueve centros en España, pero se desconoce cuántos inmigrantes hay en ellos. Un informe europeo de 2007 destaca las malas condiciones de internamiento. Las denuncias por malos tratos son las que más preocupan a las ONG.

Malos tratos físicos y psicológicos, reclusión innecesaria, falta de atención médica y condiciones higiénicas deficientes. Éstas son -según explica Joana Rei en El Mundo- las quejas más habituales de las ONG en lo que respecta a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Creados en 1985, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, estos centros dependen del Ministerio del Interior y cumplen la función de acoger a los extranjeros sin documentos —por un plazo máximo de 40 días— mientras esperan que su proceso de deportación se resuelva.

«Son cárceles y no deberían serlo», denuncia Hanan, de la Oficina de Derechos Sociales Patio Maravillas, organización de apoyo a los inmigrantes.

En diciembre de 2007, un informe financiado por el Parlamento Europeo respaldaba estas acusaciones. Según el documento, los CIE españoles «se parecen demasiado a cárceles, donde los internos están prácticamente confinados en sus celdas, con malas condiciones de salubridad y poco personal médico».

Los malos tratos también son mencionados en el estudio: «Los internos han denunciado numerosos actos violentos perpetrados por el personal de seguridad». El texto subraya, además, la «actitud irrespetuosa y humillante» hacia los inmigrantes.

Ante estas denuncias, el Ministerio del Interior no ha querido hacer demasiados comentarios. «Los CIE están bajo unas determinadas leyes. Si hubiera alguna cosa que no funcionara, las personas lo pueden denunciar. No entramos en valoraciones a través de los medios de comunicación», ha afirmado una portavoz ministerial.

En lo que respecta al informe, el Ministerio subrayó que se trata de un estudio hecho por una consultora particular —aunque encargado y financiado por el Parlamento Europeo— y que aún no ha sido aprobado por los 27. Así, destacó que en plena crisis de los cayucos, en 2006, «delegados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior estuvieron visitando los centros de España y señalaron muchas cosas positivas en su informe, este sí, votado y aprobado por el Parlamento».

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído