(PL).-El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, junto al presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, ha denunciado hoy que el Gobierno central ha vulnerado los derechos de los ciudadanos comunitarios, discriminándolos respecto al resto de ciudadanos no comunitarios a la hora de inscribirse en el registro del padrón en los distintos ayuntamientos y reclama al Ejecutivo de Zapatero que establezca los mecanismos que faciliten dicho proceso.
En la Región, los más afectados son los ciudadanos rumanos y búlgaros, por ser las nacionalidades de inmigrantes mayoritarias en la Comunidad de Madrid. Fernández-Lasquetty ha explicado que, el pasado 27 de noviembre,
el Instituto Nacional de Estadística emitió una instrucción en la que señalaba que era necesario exigir el certificado de inscripción en el
Registro de Extranjeros a los extranjeros comunitarios que desearan
empadronarse en España.
En este sentido, el responsable madrileño de Inmigración ha informado que la saturación que existe en el Registro Central de
Extranjeros provoca demoras de más de medio año en la obtención del certificado de inscripción como ciudadanos comunitarios, provocando una
situación anómala que se une a la de discriminación por no poder empadronarse.
No obstante, el pasado día 10 de abril, la Federación Española de Municipios y Provincias, como consecuencia de una nueva decisión del
Instituto Nacional de Estadística (INE), emitió una nota que suspende lo
dictado en la Instrucción del 27 de noviembre, sin esclarecer si los términos de esa última notificación tienen carácter eventual o permanente.
La Comunidad exige claridad al Gobierno nacional
Por todo ello, el Gobierno regional, a través del Instituto de Estadística de
la Consejería de Economía, ha pedido al Gobierno de Rodríguez Zapatero
que anule de manera definitiva la instrucción del día 27 de noviembre de
2007 dictada por el INE y no obstaculice el derecho de empadronamiento
de los inmigrantes comunitarios, en el caso de que la referida nota del día
10 de abril sólo tenga validez temporal.
En el supuesto de que el contenido de la citada nota tenga carácter permanente, es decir, que el INE anulara de manera definitiva la obligación de los extranjeros comunitarios a tener que acudir al Registro Central de Extranjeros para poder inscribirse, la Comunidad de Madrid exige que dicha anulación se comunique a todos los ayuntamientos y se informe a las delegaciones provinciales del INE adecuadamente.
Datos irreales en el padrón y fracaso de la moratoria
Asimismo, el consejero de Inmigración y Cooperación, ha advertido que,
de no derogarse la Instrucción, ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid
ni los ayuntamientos de la Región pueden disponer de información real de
la llegada de ciudadanos al no estar empadronados y, por lo tanto, impide
que las administraciones puedan atenderlos y establecer de manera efectiva de los recursos y prestaciones sociales como las sanitarias, educativas, entre otros, necesarios.
Además, ha añadido Fernández-Lasquetty, “esta medida pretende ocultar el fracaso estrepitoso de la moratoria impuesta por el Gobierno central a rumanos y búlgaros; en este sentido, el Gobierno de Zapatero ha pretendido trasladar a la opinión pública que la puesta en marcha de la moratoria – que impide trabajar por cuenta ajena durante dos años a estos
ciudadanos -, ha frenado el acceso de los mismos a nuestro país, cuando
la realidad es que el flujo de llegada no ha disminuido. Pero, no obstante,
los obstáculos y retrasos para que rumanos y búlgaros puedan registrarse, dan lugar a que los ayuntamientos elaboren de manera inexacta sus padrones, con un número de ciudadanos comunitarios sensiblemente inferior a los que existen en la práctica.
Apoyo de la Comunidad a los rumanos y búlgaros
“En la Comunidad de Madrid residen 340.000 ciudadanos extranjeros
cuyo origen son países pertenecientes a la Unión Europea; de este total,
más del 57% proceden de Rumania (195.676) y de Bulgaria (31.720), siendo por lo tanto estos inmigrantes los más afectados por el despropósito del Gobierno central”, ha manifestado el responsable de inmigración del Gobierno autónomo.
Con el fin de analizar cómo está la situación a día de hoy, Fernández-Lasquetty, Bartolomé González – alcalde de uno de los municipios en el que reside un mayor número de rumanos y búlgaros de la Comunidad-, y José María Rotellar, director de Estadística de la Comunidad de Madrid, se han reunido en la sede de la Consejería de Inmigración con los representantes de las principales asociaciones de rumanos y búlgaros en la Comunidad de Madrid para transmitirles su apoyo y comunicarles las acciones emprendidas en defensa de sus derechos.
Estas asociaciones han transmitido a los responsables políticos no
sólo su malestar con el Gobierno nacional, por lo que consideran una
medida claramente injusta y discriminatoria, sino, además, su preocupación por las graves consecuencias que ha tenido su aplicación en ámbitos tan fundamentales como el de la sanidad o en el de la educación.
