La ex congresista Yidis Medina, cuyo voto salvó la reforma constitucional que permitió reelegir en el 2006 al presidente del país, Álvaro Uribe, se entregó ayer voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación.
(EFE).-El viernes pasado, La Corte Suprema de Justicia, ordenó su captura, pero la ex legisladora había manifestado su deseo de entregarse.
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia la acusa de cohecho por la supuesta recepción de dádivas oficiales a cambio de cambiar su voto para apoyar la reforma que modificó en el 2004 la Carta Magna que permitió la reelección inmediata de Uribe.
El apoderado de la ex legisladora, Ramón Ballesteros, dijo a periodistas que su clienta «atenderá el proceso».
Dijo que la ex parlamentaria, previo a su entrega, mantuvo contacto telefónico con varios familiares y que está a la espera de que este lunes se le practiquen los exámenes médicos de rigor.
Puntualizó que Yidis Medina deberá entregar ante la Corte la versión de los hechos ocurridos en el 2004 y por los cuales le fue librada orden de captura.
Medina, de filiación conservadora, y el también ex parlamentario Teodolindo Avendaño, son considerados los políticos que permitieron la reelección inmediata.
En ese entonces, a la ley que permitía ese cambio le falta un voto, que finalmente fue dado por la ahora acusada Yidis Medina.
Uribe, disidente Liberal, fue elegido en el 2002 por un movimiento independiente y cuatro años más tarde fue reelegido para otro mandato gracias a esa reforma constitucional.
Yidis Medina, quien desarrolló su actividad política en el departamento de Santander (nordeste), especialmente en la ciudad de Barrancabermeja, dijo en una entrevista difundida la semana pasada que recibió ofertas de puestos en el gobierno a cambio de que votar favorablemente la reelección.
En el documento fílmico, asegura que los presuntos ofrecimientos los hicieron el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt (actual embajador en Italia), y el ministro de la Protección Social, Diego Palacios.
Sin embargo, según ella, los funcionarios gubernamentales no cumplieron sus promesas.
La Sala Penal de la Corte Suprema emitió la orden de detención para interrogar a la ex legisladoras y poder así establecer si cometió el delito de cohecho.
