Berlusconi introduce de nuevo en Italia el delito de la inmigración clandestina

(PL).- El delito de inmigración clandestina será incluido en el proyecto de ley que aprobará este miércoles el Gobierno de Silvio Berlusconi en el Consejo de Ministros que celebrará en la sureña Nápoles con penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según han informado diversos medios locales el martes.

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.

Según las filtraciones desveladas, el decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses.

La inclusión de este delito está considerado como un triunfo del ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido secesionista, que siempre ha sido favorable a la misma, alegando que ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania.

Sus aliados de Alianza Nacional, sin embargo, se han mostrado hasta ahora contrarios a la introducción de ese delito y abogan por expulsar sólo a los ilegales que hayan vulnerado la ley.

Los partidos de la oposición son contrarios y el martes Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores (IDV), ha insistido en que no puede ser un delito, «ya que no sólo produciría millones de fugitivos, sino que costaría al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros».

En contra también destacan miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ha dicho que es un «error» y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo. Hay también otros organismos contrarios a la introducción de la ley, como Cáritas.

Las iglesias protestantes italianas también protestan. Según los baptistas, es una «monstruosidad» y según los luteranos, esa ley puede instigar a los jóvenes al odio.

El alcalde de Roma, el conservador Gianni Alemanno, ha asegurado que el paquete de medidas «será muy útil» y que lo único que hay que hacer es dotarlo «con los recursos adecuados».

Alemanno ha asegurado también que no pretenden discriminar a nadie y que sólo se trata de medidas de legalidad y solidaridad.

Otras medidas incluidas en el ‘paquete’ implican que quien alquile una casa a un ilegal, que puede ser condenado a una pena que va de tres a seis años y multas de entre 100 y 150.000 euros.

Además de medidas contra la inmigración clandestina, también contempla un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel, e introduce un endurecimiento para la adquisición de la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

Otro punto polémico es el de los asentamientos gitanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores.

Maroni ha dicho que serán desmantelados todos los asentamientos ilegales y que se crearán estructuras dignas y seguras.

El ministro ha agregado también que en esos asentamientos vive gente honrada y gente que no lo es y que quienes no tengan la documentación en regla serán encarcelados si han cometido un delito y expulsados a su país.

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