(PL).- El Gobierno de Silvio Berlusconi ha aprobado hoy un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.
Esta polémica medida ha sido incluida en uno de los tres proyectos de ley sobre seguridad e inmigración aprobados hoy y ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una amplia mayoría.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. Sin embargo, el primer ministro italiano, volvió a retomar la lucha contra la inmigración ilegal como una de sus principales banderas durante la campaña electoral y ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.
La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales. Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá «millones de fugitivos» y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros». También se opone a la medida la Iglesia Católica, que lo considera un «error», ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.
El Ejecutivo de centro-derecha también ha aprobado un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen. Ha sido rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.
En Nápoles
Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primera reunión ministerial para expresar su compromiso con solucionar la crisis de las basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia. Por ello, los ministros han aprobado a través de un decreto ley un plan extraordinario y urgente para solucionar la crisis y en el que se incluye el nombramiento del jefe del Departamento de Protección Civil, Guido Bertolaso, para que supervise la situación, y penas de entre tres y 12 meses de cárcel a quienes impidan las descargas de las basuras.
Sin embargo, la celebración del Consejo de Ministros en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles no ha estado exenta de críticas. Frente a las autoridades, que habían asegurado que todo el centro de la ciudad estaría hoy limpio, los medios locales señalaron que se pretendía mostrar hoy una ciudad «limpia» cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.
Penas más duras
Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.
Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.
También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.
