(PD).- Las asociaciones de inmigrantes le han dicho ‘no’ a Celestino Corbacho. Ninguna de ellas acoge de buen grado la propuesta que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para promover el retorno de los inmigrantes que queden en paro a sus países de origen.
Como explica Daniel Toledo en Elconfidencial, el cobro en dos plazos de los subsidios de desempleo acumulados, la renuncia a los permisos de trabajo y residencia y el compromiso a no volver a España en un plazo de entre tres y cinco años no es menú que convenza a los afectados.
“Es gente que en muchos casos han pasado un vía crucis para obtener el estatus que ahora tienen en España”, explica Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui.
“De los 10.000 euros que Trabajo podría dar a una familia, la mitad se le iría sólo en pagar los billetes de vuelta a su país”, explica Jiménez. “¿Dónde y de qué va a vivir un inmigrante que lo ha hipotecado todo para ganarse la vida en España? Podría vender su piso aquí, si lo tiene, pero con la crisis económica… Además, no tiene sentido sin un seguimiento y un proceso de inserción”
Aboga por un programa de microcréditos con tipos de interés accesibles como mejor vía para reintegrarse en las sociedades de origen, una medida que el Ministerio de Trabajo parece no descartar de plano.
Los datos que maneja la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ponen de manifiesto que, en el último año y medio, apenas 95 personas se fueron de España con un proyecto de reintegración, véase, para montar un negocio. De hecho, sólo 1.327 extranjeros se acogieron a alguno de los cuatro programas lanzados por esta institución para facilitar el retorno voluntario.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) constata, en datos publicados hace un mes, que el regreso no está en la mente de los inmigrantes: hasta un 81,2% tiene intención de traer a su familia a España y sólo un 7,7% no contempla una reagrupación familiar.
Falta de consenso
En general, lo que las asociaciones lamentan es que el Ministerio no se haya puesto en contacto con ellas para consensuar el plan. Miguel Fonda, presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom), asegura no saber si búlgaros y rumanos, dos de los principales contingentes de afiliados a la Seguridad Social, estarían dentro del programa, que en principio sólo afecta a extracomunitarios.
Fuentes de Trabajo no supieron confirmar este extremo, aunque hay 264.278 rumanos registrados susceptibles de abrazar la iniciativa. Fonda, no obstante, coincide con Jiménez en que la disposición “sólo tiene sentido si se acompaña de itinerarios laborales y un seguimiento de cómo se incorporan esas personas a la sociedad de retorno”.
Por otra parte, la propuesta tiene un alcance limitado. Sólo afectaría a los inmigrantes en situación regular que pierdan su empleo, excluyendo a los inmigrantes en situación de ilegalidad, que el Ejecutivo cifra en medio millón pero que, según los cálculos sindicales, podrían superar el millón.
Actualmente, 2,1 millones de extranjeros están afiliados a la Seguridad Social, de los que 728.534 pertenecen a países de la UE y 1,37 millones a países extracomunitarios.
Entre éstos, marroquíes (con 283.795) y ecuatorianos (257.208) serían los principales beneficiarios de la medida. Claro que la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) también ha dejado claro que el retorno voluntario “no va a ser la dinámica de la gran mayoría de marroquíes, que querrán quedarse en España”.
“Se crea la sensación de que nos han utilizado”
“Lo peor es que se crea la sensación de que nos han utilizado y ahora que no hacemos falta se deshacen de nosotros. Un planteamiento que supone un error. La mano de obra inmigrante seguirá haciendo falta en España. Probablemente no en la construcción, pero sí en otros sectores, como el hostelero o en general el de servicios”, asegura Jiménez, para quien los estudios prueban que España va a seguir necesitando hasta 120.000 nuevos trabajadores inmigrantes al año, lo que obligaría a acometer, “más bien, una reconversión sectorial”.
Al margen de la iniciativa planteada este fin de semana por Corbacho para los inmigrantes que se queden en paro, el Ministerio tiene ya en marcha su proyecto anual de retorno voluntario para los inmigrantes que, en general, se encuentren en situación de falta de recursos y vulnerabilidad social. Las ayudas tampoco parece que favorezcan la salida del país.
El programa incluye el pago del billete de retorno y una ayuda económica de 50 euros por persona. La subvención económica para la reintegración es de 400 euros por unidad familiar con un máximo de 1.600 euros por familia.
