El juez español Baltasar Garzón,criticó con dureza la laxitud de la Convención de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas de 2006, firmada pero aún no ratificada ni por España ni por Colombia.
El magistrado de la Audiencia Nacional española pronunció anoche en Bogotá el discurso inaugural del seminario sobre la desaparición forzada «Sin Rastro».
Garzón, cuyo trabajo se desarrolla desde hace veinte años en la investigación de crímenes de lesa humanidad y terrorismo, subrayó que en muchos aspectos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 «es mucho más progresiva, progresista y más avanzada» que el actual instrumento de las Naciones Unidas.
A modo de anécdota, Garzón explicó que la casualidad quiso que fuese el 28 de marzo del 96, día en que entró en vigor el texto interamericano, cuando aceptó incoar por genocidio, torturas y terrorismo a la junta militar argentina que gobernó ese país entre 1976 y 1983.
Los puntos que señaló como críticos en el tratado de 2006 son que no se contempla la imprescriptibilidad del delito, no prohíbe expresamente la amnistía de los criminales, no reconoce la permanencia temporal del acto de desaparición (por lo que suspende la retroactividad del texto) y, por último, es laxo con la responsabilidad de las autoridades y el Estado.
«Quizá habría sido mucho más efectivo reconocer simplemente la permanencia delictiva y con ello cubrir todos los años de inactividad y de impunidad que hemos padecido», lamentó.
Según el juez, los gobiernos democráticos aún albergan dudas sobre cómo abordar este delito que nacen por su indefinición y su extensión, en cuanto si debe o no aplicarse a los familiares de las víctimas.
El magistrado dejó claro que para él no hay duda de la extensión del delito y afirmó que «constituye un delito de tortura contra los familiares y contra la propia persona desaparecida».
La desaparición forzada «afecta a la propia personalidad jurídica de la persona, a la imposibilidad de una administración de justicia eficaz, de una respuesta para este tipo de personas precisamente por la situación de desaparición en la que se encuentran», explicó.
«Debe de primarse el apoyo a las victimas sobre la preservación de determinados principios que obstaculizan la investigación», aseveró además Garzón, y advirtió que «bajo el criterio de la presunción de inocencia en estos casos se ha tratado de introducir elementos que lo que buscaban era la impunidad».
Por ello, Garzón estimó que el papel de los Estados debe ser, en primer lugar, ratificar los tratados internacionales en la materia y tipificar, en sus propio ordenamientos, legislaciones que persigan y condenen, bajo el principio de justicia penal universal, la desaparición forzada de personas.
Además, deben implementar políticas de protección, resarcimiento y reparación de las víctimas, así como reconocer un concepto amplia de desaparición forzada en el que se contemple la permanencia del delito en el tiempo, su extensión a los familiares y su imprescriptibilidad.
En cuanto al sistema judicial, sugirió la aplicación de acciones favorecedoras hacia las víctimas e incluso la aplicación de responsabilidad civil objetiva para el Estado, en casos en que se demuestre su pasividad ante los crímenes.
El juez Garzón pidió una mayor visibilidad de las demandas de las víctimas y una actuación fiscalizadora de la sociedad civil respecto a la política de derechos humanos de sus gobiernos, así como pidió a los medios de comunicación que se implicasen para hacer eco de los procesos contra crímenes de este género.
«El derecho a la justicia y reparación son básicos de las víctimas», insistió.
Por último, tuvo palabras para la Ley de Justicia y Paz de Colombia, un texto aparecido bajo la actual presidencia de Álvaro Uribe con el que se ofrece un tratamiento penitenciario ventajoso a los miembros de organizaciones armadas ilegales que se entreguen y colaboren con el gobierno.
Bajo esta ley se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares de derecha en Colombia, causantes de buena parte de los 9.000 desaparecidos registrados en el país desde 1982 por la Asociación de Familiares de Víctimas de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES).
Según el juez, Justicia y Paz «es un juego de equilibrios y si falla uno de esos equilibrios no es nada», por lo que «los organismos que están implicados son los únicos que pueden dar cobertura y protección real de las víctimas».
Pese a que reconoció que «el trabajo de los fiscales está siendo ímprobo», Garzón advirtió que en el Estado colombiano «parece como que o no se quiere o no se tiene esa convergencia de acciones (…) para que se pueda dar respuesta no solo penal sino de reparación a las víctimas».
En el acto de inauguración de «Sin Rostro» se premiaron los certámenes de cuentos y fotografía sobre desaparecidos convocados por los organizadores, y resultaron ganadores el escritor Jorge Eliécer Pardo y el fotógrafo Stephen Ferry.
El seminario está organizado por la Defensoría del Pueblo, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, las Universidades Javeriana y de la Salle, el Instituto Pensar y la Fundación Dos Mundos.
Las jornadas se extenderán hasta el próxima día 27 y cuentan con el respaldo de las agencias de cooperación al desarrollo de España, Suecia y Estados Unidos, así como de la Embajada Suiza.
