La Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, en exigencia de una nueva ley de pensiones, marchó ayer por el centro de La Paz haciendo explotar cartuchos de dinamita y mantuvo aislada la ciudad sureña de Sucre con bloqueos de carreteras, según medios locales.
(EFE).-El máximo dirigente de la COB, Pedro Montes, encabezó la protesta que se instaló en las afueras de una céntrica torre paceña, en la que tienen su sede varios ministerios, y donde no pararon de hacer explorar cartuchos de dinamita.
Los sindicalistas fueron increpados por algunos grupos de ciudadanos afines al Gobierno de Evo Morales, lo que derivó en breves enfrentamientos.
En Sucre, la COB organizó diversos bloqueos de carreteras que provocaron el total aislamiento de la ciudad por vía terrestre, según informaron medios locales.
Montes, en declaraciones a los medios, llamó a los trabajadores de todo el país a «cerrar los caminos carreteros» y a «declarar la huelga general indefinida» para «obligar al Gobierno» a atender sus demandas.
La COB, que desde hace más de una semana está en huelga general, exige la aprobación del proyecto de ley de pensiones que sus técnicos presentaron al Gobierno de Evo Morales.
La propuesta de la COB reduce la edad de jubilación de 65 a 55 años y dispone el retorno a un «sistema integrado» por el que desaparecen las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP).
Sin embargo, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto alternativo que, aunque toma como punto de partida el de la COB, se basa en los principios básicos de universalidad, solidaridad, sostenibilidad y el respeto de los aportes de los ciudadanos.
La COB, una entidad sindical que llegó a ser muy poderosa en Bolivia pero que ha venido a menos en los últimos tiempos, no está de acuerdo con los cambios que el Gobierno hizo de su propuesta.
El sistema de pensiones boliviano está controlado desde hace once años por dos AFP: la entidad española «Previsión» del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y «Futuro» del grupo suizo Zúrich Financial Service.
Informes de fines del 2007 señalan que esas AFP controlan más de 2.200 millones de dólares y tienen 1,2 millones de cotizantes.
Pero según el Gobierno «no han hecho una inversión adecuada de los recursos» y el actual sistema deja fuera de las jubilaciones a muchos sectores laborales del país.
