La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llegado a la «etapa de fondo» en el análisis de una denuncia de Zoilamérica Narváez, la hijastra del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra el Estado de su país, dijeron ayer a Efe fuentes de ese organismo.
(EFE).-El caso fue admitido a trámite en 2001 por la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y tiene que ver con el hecho de que la justicia nicaragüense archivase una denuncia de Narváez contra Ortega, al que acusó de agresiones físicas y psicológicas, incluyendo abusos sexuales, en 1998.
Se encuentra en la etapa de fondo, en la que la Comisión analiza si el Estado nicaragüense violó los derechos de Zoilamérica Narváez o no, dijeron las fuentes a Efe.
La abogada de Narváez, Vilma Nuñez, alegó en la denuncia que el Estado nicaragüense violó el derecho de su clienta de ser oída por un juez o tribunal competente.
El caso de Zoilamérica Narvaéz, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, ha recobrado interés a raíz de que organizaciones feministas de Paraguay y Honduras repudiasen la anunciada presencia del presidente nicaragüense en dichos países en solidaridad con ella.
Hoy, incluso, dirigentes feministas nicaragüenses indicaron a la prensa de su país que existe un «pacto internacional» de movimientos de mujeres para repudiar a Ortega.
El 5 de junio de 1998 Narváez interpuso una querella ante el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua en la que denunciaba haber sufrido agresiones físicas y psicológicas, incluidos abusos sexuales, por parte de su padrastro, Daniel Ortega.
Las peticionarias alegan que el Estado de Nicaragua ha violado su obligación de respetar los derechos de Narváez, de adoptar disposiciones de derecho interno, de proporcionar garantías judiciales a la denunciante y el derecho a la igualdad ante la ley y el de la protección judicial, así como su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
También afirman que la Asamblea Nacional de Nicaragua no se pronunció sobre la solicitud de desafuero presentada por Narváez contra Ortega, entonces diputado, lo cual no ha permitido a la presunta víctima acceder a la Justicia.
Por su parte, el Estado nicaragüense asegura que no ha denegado a Narváez el acceso a la Justicia e indicó que las autoridades actuaron conforme a la ley interna y a la Convención Americana.
El Estado señala además que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, un requisito importante para que la CIDH pueda admitir casos a trámite.
Sin embargo, la Comisión considera que desde que Narváez presentó su solicitud de desafuero ante la Asamblea Nacional han transcurrido varios años sin que haya recibido una respuesta definitiva, lo que le ha colocado en una «espera indefinida» y le ha privado de ejercer sus derechos ante la Justicia ordinaria.
En el caso de que la CIDH determine que el Estado nicaragüense ha violado los derechos de Narváez, puede incluir en su informe de fondo las recomendaciones que estime pertinentes.
Si el Estado nicaragüense no cumpliese con las recomendaciones, la Comisión tiene el derecho de denunciarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José (Costa Rica).
