(PL).- Brasil vive de nuevo una crisis institucional. Esta vez, causada por la información publicada el fin de semana por la revista Veja, según la cual el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, y el senador Demostenes Torres han estado sometidos en las últimas semanas a espionaje telefónico por parte de los Servicios Secretos de Inteligencia (Abin).
Mendes y Demostenes han exigido al presidente del país, Luiz Inacio Lula da Silva, que investigue el hecho inmediatamente.
Como explica Juan Arias en El Pais, de hecho, Mendes ha cancelado un viaje a Corea del Sur a la espera de que Lula ofrezca explicaciones y Demostenes ha considerado gravísimo el hecho de que los servivios secretos espíen a miembros de dos órganos independientes del Estado como son el Supremo y el Parlamento. Lula ha calificado las esuchas ilegales de «inaceptables» y de «gravísima violación del derecho de comunicación», y ha afirmado que pedirá explicaciones a los servicios de inteligencia.
Al parecer, fueron también espiados tanto la ministra de la Presidencia de la República, Dilma Rousseff, a la que algunos consideran la persona a la que Lula apoyará como candidata a la presidencia, y el propio jefe del Gabinete de Lula, Gilberto Carvalho.
Las sospechas recaen sobre algún grupo hostil a Lula dentro de la misma Presidencia de la República, que pudo haber practicado las escuchas ilegales tras la detención del famoso banquero Daniel Dantas, a quien Mendes concedió la libertad provisional, por lo que fue acusado de favorecer al banquero. Lula ha sido explícito: ningún ciudadano ?incluidos los miembros de los tres poderes del Estado? puede ser objeto de escuchas telefónicas ilegales sin una orden judicial.
Por su parte, los servicios de inteligencia han negado el hecho y la Policía Federal ha prometido llevar a cabo una investigación. Sin embargo, hace tiempo que se denunciaban casos de escuchas telefónicas ilegales a políticos, jueces y ministros. Se calcula que más de medio millón de brasileños tienen su teléfono controlado, por lo que algunas voces ya habían pedido una ley más severa sobre el asunto; entre otras cosas, exigen que sólo con una orden judicial explícita la policía pueda practicar escuchas telefónicas con fines judiciales.
