Colombia.-Organizaciones defensores de los derechos humanos denunciaron ayer la discriminación «estructural» de la comunidad afrodescendiente en Colombia, y pidió una acción «urgente» por parte del Estado para poner fin a este problema.
La denuncia fue hecha por varios organismos en una audiencia del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
César Rodríguez, del Observatorio de Discriminación Racial, afirmó que la discriminación de la comunidad negra en Colombia «es estructural», y que se observa en casos de «vida o muerte» así como en asuntos cotidianos.
Explicó que en Colombia sigue existiendo una negación del problema de discriminación racial y una «invisibilidad» de la población afrodescendiente por parte del Estado y de la sociedad.
Según los peticionarios, entre 1993 y 2005, «la población afrocolombiana parece haber explotado», ya que ha saltado del 1,5% de la sociedad al 11% en este periodo de tiempo.
«En términos absolutos son 10 millones de afrodescendientes perdidos en algún lugar de las cifras», señaló Rodríguez.
El censo arroja una cifra de 4,3 millones de afrodescendientes en Colombia, el 10% de la población.
De acuerdo con el estudio elaborado por los peticionarios, esta población tiene el 85% más de probabilidades de ser desplazado que los blancos, y la tasa de mortalidad infantil duplica a la del promedio nacional.
Los organismos reconocieron que «ha habido algunos avances» por parte del Gobierno colombiano, con la creación de una comisión intersectorial y el diseño y lanzamiento de una política pública, pero recalcaron que necesita hacer más.
Los peticionarios consideraron «urgente» la acción del Ejecutivo colombiano para resolver el problema del desplazamiento y de la discriminación racial, sobre todo en lo que se refiere a la reparación justa por los daños causados y la «persecución» de las personas que discriminan a los afrodescendientes.
Por todo ello, pidieron a la CIDH que publique el informe que hizo el relator para afrodescendientes, Clare Robertes, después de su visita al país en 2007, que elabore un estudio sobre la situación de la comunidad negra y que haga un seguimiento puntual y brinde asistencia técnica a Colombia en esta materia.
Por su parte, solicitaron al Estado colombiano que cree un sistema de información integral sobre la situación de los afrodescendientes con la participación de esta comunidad y que confeccione indicadores específicos de cumplimiento de los derechos de este colectivo y de la situación de desplazamiento del mismo.
Por parte del Gobierno, Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, admitió que la situación de los afrodescendientes «es más grave» que la del promedio nacional, ya que el analfabetismo alcanza el 21% comparado con el 10% nacional, y las necesidades básicas insatisfechas son del 44,8% frente al 27%.
«Hemos reconocido reiteradamente en el Plan de Desarrollo, en estudios e intervenciones que hay un problema que exigía acciones afirmativas para compensar los desequilibrios», resaltó Franco, quien también admitió que «en Colombia hay expresiones de racismo».
No obstante, subrayó que «la expresión de discriminación es menor hoy que antes» en Colombia, y hay una mayor disposición de la sociedad para solucionar el problema y más visibilidad, agregó Franco, quien reafirmó el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando para resolver este problema.
