Unas 2.000 personas convocadas por representantes de la sociedad civil participaron ayer en una marcha de protesta contra el secuestro y la violencia en Baja California, particularmente en Tijuana, donde en 2008 se han cometido unos seiscientos asesinatos.
La movilización, que el convocante Consejo Médico de Tijuana llamó «De la Unidad y la Libertad» y otros grupos asistentes a ella rebautizaron como «De la Oración y la Paz en Tijuana», no logró atraer tantos políticos, líderes sociales, empresariales ni de la jerarquía católica como se esperaba.
Poco después de las 15.00 hora local (23.00 GMT) la columna de manifestantes partió del parque Teniente Guerrero, en el centro de la ciudad y se dirigió hasta el ayuntamiento y los edificios públicos del gobierno de Baja California.
Ante esos edificios y después de dos horas caminando, los participantes exhortaron a las autoridades a emplearse más a fondo contra la violencia, que entre muchos efectos está ahuyentando a los turistas y visitantes de la ciudad y también a quienes venían de EE.UU..
En Tijuana y en el estado de Baja California gobierna el Partido Acción Nacional (PAN), el del presidente Felipe Calderón, quien ha enviado a cientos de militares y policías federales a la ciudad para tratar de contener la violencia, en muchos casos asociada al cártel de la familia Arellano Félix.
El doctor Jesús Manuel Ortiz Ampudia, uno de los convocantes y presidente del Consejo Médico, pidió que devuelvan «sano y salvo» al doctor Antonio Barboza a su familia.
Este especialista en diálisis fue secuestrado hace pocas semanas y sus captores están pidiendo un cuantioso rescate a sus allegados.
«No tiene dinero y su familia no alcanza a juntar ni la mínima parte de lo que se les está exigiendo», dijo Ortiz Ampudia durante la marcha sin llegar a revelar el monto del rescate que les están pidiendo sus captores por su libertad.
De su colega dijo que era un «médico creyente» y se mostró confiado en que sus creencias le estén ayudando en el presente trance.
Horas antes de la marcha por Tijuana cinco personas fueron asesinadas por desconocidos, a quienes hay que sumar tres más, dos adultos y un menor, acribillados mientras desayunaban cerca del puerto de Ensenada, unos 85 kilómetros al sur de Tijuana.
Los actos violentos ocurridos en Baja California se inscriben dentro de una ola de violencia que mantiene conmocionado a buena parte de México y que en lo que va de año se ha cobrado la vida de más de 4.500 personas, según datos extraoficiales del periódico El Universal.
El Gobierno federal de México y los de los 32 estados del país se comprometieron en agosto pasado a adoptar 75 compromisos para tratar de abatir la delincuencia organizada.
El llamado «Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad» incluye compromisos como la depuración de las policías y los órganos de justicia, la creación de cárceles de alta seguridad, mayor transparencia en el gasto en materia de seguridad, y la promoción de la cultura de la legalidad en todo México.
Aquel pacto institucional será revisado dentro de dos semanas por las autoridades federales, estatales y municipales, que están en el punto de mira de la ciudadanía al no haber conseguido aplicar en los últimos años políticas efectivas contra el crimen organizado. EFE
