Cristina Fernández de Kirchner no sólo no ha enderezado las prácticas intervencionistas de su marido sino que además ha iniciado una huida adelante para ocultar la desastrosa situación económica del país con medidas tan drásticas como la nacionalización de las pensiones privadas y, anteayer, la intervención judicial de Aerolíneas Argentinas, en la que el grupo español Marsans posee el 95% del capital.
El último capítulo de la larga saga que comenzó cuando el Gobierno argentino expresó su deseo de recuperar el control de Aerolíneas tuvo lugar el viernes pasado cuando un juez de Buenos Aires decidió intervenir la gestión de la empresa a petición del ministro de Planificación Federal.
El juez ha nombrado un interventor que tendrá que elevar un informe dentro de 30 días sobre la situación financiera y operativa de Aerolíneas, que ahora está dirigida por un ejecutivo nombrado por el Gobierno en julio pasado que choca con los representantes de Marsans.
Fue en esa fecha cuando Cristina Fernández llegó a un acuerdo con Marsans para hacerse cargo de su paquete del 95%. El banco Crédit Suisse realizó una valoración en la que estimaba que las acciones del grupo español podían costar entre 200 y 350 millones de euros. Por el contrario, el Tribunal de Tasación argentino calculó que el valor patrimonial era negativo en 489 millones de euros y, por tanto, no procedía pagar nada.
El siguiente paso fue la decisión del Parlamento argentino de expropiar Aerolíneas Argentinas al precio de un peso, que es lo que el Gobierno argentino se propone pagar a la empresa española que preside Gerardo Díaz Ferrán. El círculo se ha cerrado con el fallo del juez, que supone de hecho la expropiación de la empresa sin compensación alguna para sus dueños.
Dado que Cristina Fernández se muestra muy reacia a negociar, la única alternativa que le resta al grupo español es una demanda ante los tribunales internacionales, aunque Díaz Ferrán todavía confía en que el Gobierno español podrá hacer entrar en razón a la presidenta.
Ojalá fuera así porque la forma de proceder del Ejecutivo argentino ha sido impresentable en este caso. No ha respetado los derechos de propiedad del grupo Marsans ni ha aceptado que una empresa independiente determine el valor de Aerolíneas, vendida a Iberia en 1990 y luego traspasada a la SEPI antes de ser comprada por Marsans.
Cristina Fernández ha demostrado su desprecio por las reglas de la economía de mercado y por el principio de seguridad jurídica. Argentina es la que saldrá perdiendo porque, tras la nacionalización de las pensiones privadas que perjudica al BBVA y otras arbitrarias decisiones como la que afecta a Marsans, nadie va querer invertir en el futuro en ese país.
El Gobierno de Fernández no está teniendo precisamente un comportamiento amistoso con las compañías españolas que apostaron por Argentina en tiempos difíciles y que ahora se ven maltratadas por unos dirigentes populistas que, en lugar de afrontar los problemas, han optado por soluciones demagógicas.
