(PD).- La ingente llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas provoca que el Gobierno se sienta desbordado y reubique a los ilegales en la Comunidad Valenciana.
Tras el envío en los últimos días de 30 inmigrantes irregulares a la Comunidad Valenciana, el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado «la dejadez a la que ha llegado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de inmigración que ya alcanza un grado de irresponsabilidad que pone a la sociedad valenciana con recursos económicos insuficientes para salvaguardar las necesidades básicas de estas personas».
En lo que llevamos de mes, el Ejecutivo ha trasladado a Valencia 61 inmigrantes procedentes de Canarias y cerca de 700 desde enero de 2008. Asimismo, desde el 2005 la cifra de inmigrantes irregulares desplazados por parte del Gobierno de España a la Comunidad supera los 4.300.
El conseller Blasco ha insistido en que «Zapatero tiene que implicarse en materia de inmigración de una vez por todas y destinar los recursos y medios económicos justos que permitan la correcta atención tanto de los inmigrantes que son trasladados a las comunidades autónomas como los que actualmente residen en tierra valencianas», ha declarado el titular de Inmigración.
«La Comunidad es una comunidad autónoma solidaria con los inmigrantes procedentes de Canarias o de cualquier otro lugar, así como los menores inmigrantes que acoge de otras comunidades autónomas. Pero esto no exime al Gobierno de España de proporcionar la financiación necesaria a aquellas comunidades autónomas receptoras de inmigrantes, como la Valenciana. Para que podamos prestarles una asistencia sanitaria, psicológica, social, educativa adecuada y sin que ello suponga tensiones en el sistema asistencial» ha subrayado Blasco.
Gasto atención inmigrantes
Fuentes de la Generalitat han informado a El Semanal Digital que está invirtiendo más de 1.346 millones en políticas de atención a los inmigrantes y de integración. Concretamente, en materia de sanidad, 817 millones de euros al año; en educación, 472 millones al año; en políticas de Inmigración, Cooperación y Participación, 94 millones al año; en vivienda, 13 millones al año; en política sociales, 10 millones al año. Un esfuerzo que no se ve compensado con la inversión del Gobierno de España, que ha congelado la cuantía económica destinada a la Comunidad Valenciana dentro del Fondo de Integración de Inmigrantes con un aumento respecto a 2007 de apenas un 0,43%, mientras que el crecimiento medio en toda España fue de un 2,39%».