Fernández-Lasquetty: «El Gobierno central debería pedir perdón por su política inmigratoria»

Fernández-Lasquetty: «El Gobierno central debería pedir perdón por su política inmigratoria»

(PL).- De «los papeles para todos» y de las regularizaciones masivas, el gobierno socialista ha pasado a una política de aparente hostilidad hacia los inmigrantes, se queja Fernández-Lasquetty: «Debería definir qué quiere». La entrevista aparece en ABC y se la hace M.J. Alvarez.

-¿Cómo está afectando la crisis a la población extranjera de la región cuyo nivel de desempleo se ha triplicado en el último año?
-De forma muy dura. Ahora estamos viendo las consecuencias de los «papeles para todos» y del efecto llamada. Porque la dureza de la crisis es más grave cuando existe un número elevado de irregulares. Ha sido una una política equivocada y perjudicial para todos, incluidos los inmigrantes, quienes peor lo están pasando.

– ¿Y cuál está siendo el impacto del desempleo en la región?
-Se está notando mucho. Y eso, a pesar de que Madrid aguanta mejor en cuanto a la tasa de empleo de los extranjeros, seis puntos superior en la región a la media nacional. En la última EPA la tasa de paro de los inmigrantes de la región es de un 11,4% y de un 17,5% a nivel nacional.

-La economía sumergida es la salida. ¿Qué se puede hacer para acabar con esa explotación?
-El problema no es tanto cómo se contrata sino si las condiciones de trabajo respetan o no la legalidad. No obstante, cabe recordar que las competencias sobre la inspección laboral son compartidas por el Gobierno regional y central y este no ayuda mucho. Desde hace varios años Madrid reclama el incremento de esa plantilla, muy por debajo de lo que nos correspondería. Este año, la inspección de Trabajo ha realizado 14.200 actuaciones relativas a economía sumergida e inmigración ilegal sobre un total de 42.000. La intención es intensificar las inspecciones y evitar situaciones de explotación.

-¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en la región?
-Alrededor de 200.000, algo menos, quizá, porque este año se han dado muchos permisos de residencia.

-¿No será porque se están comenzando a marchar?
-Notamos poco su marcha. El plan del gobierno mediante la capitalización de la prestación por desempleo está funcionando poco porque las condiciones en las que está planteado son difíciles. Sí que hay más demanda de los que desean el retorno voluntario asistido. Para 2009 hemos incrementado esta partida un 33%, es decir de 300.000 a 400.000 euros.

-¿Se puede cuantificar el número de los que quieren regresar?
-Es difícil porque hay distintos programas: el estatal, regional, municipal y de ONG. Solo por el de la Comunidad han sido 700 personas las que se han marchado.

-El 1 de enero acaba la moratoria que impide a rumanos y búlgaros trabajar por cuenta ajena. ¿Qué va a hacer el Gobierno central?
-No tenemos ninguna noticia. El Gobierno regional, con Esperanza Aguirre a la cabeza, ha pedido que se ponga fin a la moratoria. Por injusta, ya que esos ciudadanos son tan europeos como los demás. Y porque no ha servido para nada. Si se puso como freno, la presencia de estos nacionales se ha más que duplicado. Además, les ha abocado a la economía sumergida. Sólo en cotizaciones a la Seguridad Social se han perdido 1.800 millones de euros en dos años en todo el país.

-¿Le preocupa que el desempleo provoque problemas de marginación y racismo?
-Las crisis y la destrucción de empleo, con independencia de donde hayan nacido las personas, conlleva cierta crisis social. En Madrid existe un ambiente de auténtica convivencia e integración. Los madrileños lo han demostrado recibiendo sin rechazo a los nuevos ciudadanos. Según el último barómetro de integración, el 25% de los españoles de origen tiene a una persona extranjera en su círculo más cercano. El buen clima seguirá predominando.

-¿Acuden muchos extranjeros en demanda de ayuda social?
-No. En lo que sí se nota el incremento es en la demanda de formación y orientación para el empleo de quienes hasta ahora no tenían necesidad. En el último año 70.000 inmigrantes han accedido a esta formación y a la bolsa de empleo de los centros de participación de inmigrantes. Lo que sí se percibe es que han cambiado de empleo y se dedican a sectores como hostelería y atención a ancianos, en lugar de a la construcción, y cobran menos.

-En este contexto de recesión, ¿Cree que el Gobierno central tendría que cambiar su política de inmigración?
-Más bien lo que tendría que hacer es definir qué quiere. Hemos pasado de una política de «papeles para todos» y regularizaciones masivas a otra de aparente hostilidad hacia los inmigrantes sin que eso se traduzca en nada. Corbacho lleva ocho meses anunciando la inminente propuesta de una reforma de la ley de Extranjería, que va dilatando. Y tampoco da una explicación previa. Cuando un partido con responsabilidades de gobierno dice que va a dar un giro radical tiene que explicar porqué y, a lo mejor, tiene que pedir perdón por lo que ha hecho anteriormente.

-¿Por qué debería pedir perdón?
-Porque si resulta que ahora hay que hacer lo contrario, algo tendrán que responder de lo realizado hasta este momento, que se supone que es lo opuesto a lo conveniente. Lo que tienen es que concretar, proponer y tener muy en cuenta es la opinión de comunidades y ayuntamientos. Al final, la política de extranjería relativa a las fronteras y permisos es competencia de Estado, pero, una vez que el inmigrante, regular o irregularmente, ha puesto los pies en el territorio nacional el Estado, prácticamente se desentiende, y somos las otras administraciones las que nos ocupamos de su integración.

-¿A cuánto asciende la partida estatal para inmigración?
-El fondo nacional de acogida e integración de los inmigrantes lleva dos años congelado y el próximo año se mantendrá igual. De ese fondo que asciende 192,5 millones, percibimos 40,8. De cada cien euros que la comunidad destina a los inmigrantes, solo 2,5 proceden del Estado, una cifra a todas luces insuficiente. El reparto es discriminatorio para Madrid, ya que se dan más fondos a regiones que considera fronterizas, excluyendo a Madrid, a pesar de que Barajas es la frontera principal por la que llegan los inmigrantes. Lo más llamativo son las diferencias con otras regiones con una tasa de inmigración baja, y gobernadas por el PSOE, como Extremadura y Cantabria, que reciben más dinero en proporción, y que han crecido un 6,82% y un 2,78%, respectivamente.

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