(PD).- A los facinerosos, delincuentes de tomo y lomo y desaprensivos que acudieron decididos ya a delinquir, apenas los hostigan, pero cargan sin piedad contra todos esos miles de desventurados que han venido a España en busca de un mundo mejor y que tratan de ganarse el pan trabajando «sin papeles«.
Como explican Olga R. Sanmartín y Fernando Lázaro en El Mundo, los inmigrantes que viven en España sin un respaldo legal adecuado están ahora, más que nunca, en el punto de mira de la Policía. Muchos tienen miedo hasta de coger el metro porque cada vez se topan con más controles y redadas.
Algunas incluso se producen a la puerta de los colegios, donde acuden los agentes a la caza de padres sin papeles que van a recoger a sus hijos, según se quejan las ONG.
Estas denuncias se cruzan con las de los sindicatos policiales, que han expresado al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la «especial preocupación» que les produce «la práctica policial de identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o en locales de ocio».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SP) sostienen que las detenciones se realizan «sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas por ser jóvenes, por transitar por determinada zona, por ser de origen extranjero».
Como piensan que las identificaciones «pueden vulnerar la legislación vigente», le piden a Conde-Pumpido «una clarificación legal» para determinar «cuándo», «en qué circunstancias y supuestos» y «por cuánto tiempo» se «puede impedir la libre circulación de un ciudadano».
Según la denuncia -que también han remitido al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios-, los arrestos «se desarrollan siempre en cumplimiento de órdenes superiores». Fuentes del SUP explican, por ejemplo, que el comisario Carlos Rubio, que el año pasado tomó posesión como jefe superior de Policía de Madrid, dio orden verbal, nada más llegar, de identificar «por sus rasgos físicos» a inmigrantes que pudieran estar indocumentados.
Son los mandos policiales y, por extensión, el Ministerio del Interior, como máximo responsable, los que obligan a los policías a realizar estas prácticas. Desde Interior se defiende la profesionalidad de los agentes. Un portavoz oficial asegura que ningún mando ha dado órdenes de realizar detenciones indiscriminadas de sin papeles y aclara que la Policía Nacional, igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se limita a cumplir la ley.
Pero las ONG y los colectivos de extranjeros aseguran que en los últimos meses se ha producido una escalada en la lucha contra la inmigración ilegal.
Las redadas se han intensificado sobre todo en Madrid, pero también en Bilbao, Las Palmas, Valencia, Málaga y Ceuta, tal y como ha detectado la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine).
En el caso de Madrid, lo menos que le ocurre al deies que se vea obligado a pasar la noche en una celda del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en situación de «hacinamiento» y «teniendo que pedir permiso para ir al baño».
«Sabemos de casos en los que se ha pedido la documentación a los extranjeros cuando iban al colegio a recoger a sus hijos», sostiene José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, hecho que confirman otras ONG.
Todavía no hay un clima de terror, pero crece la sensación de indefensión entre los inminsin papales, que se ven como piezas en una campaña de acoso y caza..
