Canarias solicita que la tutela de los menores inmigrantes sea asumida por el Estado

Canarias solicita que la tutela de los menores inmigrantes sea asumida por el Estado

(PD).- Canarias solicita una modificación de la Ley de Extranjería por la que los menores inmigrantes pasen a ser tutelados por el Estado, mientras que su guarda será asumida por las Entidades Públicas de la comunidad autónoma en donde sea acogido el niño.

La propuesta de resolución presentada por los grupos formados por CC y PP dieron ‘respuesta’ a la demanda presentada por el Gobierno de Canarias cuya consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, compareció en el pleno del Parlamento para reivindicar esta medida.

Por 28 votos a favor y 23 en contra, los partidos afines al Ejecutivo regional solicitarán al Parlamento que promueva una «enmienda al Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España» con este fin.

Los parlamentarios socialistas fueron los únicos que rechazaron la medida. Defendieron que el Gobierno que preside José Luís Rodríguez Zapatero ha actuado «con responsabilidad». Primero con una dotación económica, luego con la firma de un acuerdo para el traslado de menores, y por último la ‘rubrica’ de otras comunidades autónomas a donde se trasladarán unos 500 niños procedentes del África subsahariana, tal y cómo se había comprometido el Estado.

Así, mientras los socialistas defendían nueve propuestas fundamentadas sobre todo en la cooperación de las autoridades para la protección e integración de menores mediante convenios de colaboración y garantizando su educación, alojamiento y hasta el retorno; PP y CC fueron mucho más concretos y solicitaron al Gobierno de Canarias que pidiese a los congresistas que llevaran a cabo una enmienda a la mencionada ley en la que el Estado asumiera la tutela de los menores y la guarda a las administraciones públicas en donde esté el niño sin papeles.

La Cámara canaria fue el lugar en donde Rojas volvió a argumentar que los menores inmigrantes eran recogidos en alta mar por el Estado, puesto que Salvamento Marítimo es competencia nacional y que no eran trasladados «siempre» al punto de costa más cercano, que en muchas ocasiones era África y no el archipiélago.

Declaró que la reforma prevé métodos preventivos para el control de la inmigración clandestina, pero apenas se dedica espacio para los menores. La conocida como Ley de Extranjería «no aborda un estatuto jurídico del menor y formas para que obtengan un permiso de residencia», reclamó la nacionalista que consideró que los niños se someten así a una «doble discriminación: ser clandestino y menor».

La responsable de menores indicó que existe un «vacío legal sobre este asunto» y que ha de haber una corresponsabilidad por parte del Estado que se convertiría en tutor, mientras que la guarda custodia quedaría en manos de las autonomías. «La situación de clandestinidad de los menores debe ser cuestión de Estado».

¿Y SI FUERAN NUESTROS HIJOS?

La cordialidad fue la tónica del debate en donde todos se recordaron que no se podía hablar de los niños clandestinos como un arma política. Todos hablaron de travesías y de la sensación de un menor en una patera «en busca de un futuro mejor». CC, PP y PSOE reconocieron que era «el hambre lo que les arrastraba hasta la costa canaria».

La consejera de Bienestar Social agradeció las palabras de todos los diputados señalando que «se hablaba con corazón y no con la cabeza». Dijo que «por primera vez, se había celebrado un debate de acuerdo con lo que esperan los ciudadanos» y agradeció, en nombre de los niños «que desde hace 10 años vienen de África» la responsabilidad de los parlamentarios.

El nacionalista, José Miguel González, usó todos los argumentos conocidos: el hambre, la pobreza, gobiernos no siempre democráticos y preguntó a los diputados que qué pasaría si fueran hijos suyos los que embarcaban hacia un destino incierto, con la única seguridad de que tendrían más opciones de alcanzar la meta de vivir en Europa y ayudar a la familia que queda en África.

EL PROBLEMA DE LOS MENORES EN CANARIAS

Un total de 351 inmigrantes, entre ellos podría haber hasta 63 posibles menores de edad, que viajaban en siete cayucos han llegado hasta las costas la Comunidad Autónoma de Canarias solo en lo que va de año.

El Gobierno canario advertía, ya a finales del año pasado, de que su capacidad para acoger a menores inmigrantes había quedado desbordada.

El Ejecutivo autónomo insistía en que todos los centros de acogida de menores ‘sin papeles’ estaban «sobresaturados».

Esta ha sido una realidad que se ha mantenido durante todo el 2008 y persiste en las primeras semanas de este año.

Las instalaciones que en la actualidad acogen a 1.500 menores inmigrantes, superan el triple de su capacidad real, lo que se traduce en que estos centros se encuentren saturados y en situación de «emergencia» como consecuencia de la masiva llegada de niños africanos a las Islas.

El Gobierno de Canarias ha pactado hace unos días que 45 menores sean derivados a Baleares, mientras que 42 serán acogidos por la Comunidad Valenciana. El resto de regiones españolas, se han comprometido también con la Comunidad a acoger a menores inmigrantes aunque de momento, no se han concretado cifras.

Sin embargo, la preocupación por un posible aumento, en un futuro inmediato, de los menores inmigrantes que llegan a Canarias de manera clandestina por la crisis económica actual y, a su vez, por el tráfico de las mafias, han empujado a la corporación canaria a plantear a Madrid la necesidad de una reforma en la Ley de Extranjería que libere de la tutela de estos menores al gobierno de las islas.

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