(PL).- La Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, que inspeccionó en septiembre la situación de los gitanos en Italia, ha aprobado un demoledor informe de 23 páginas que resume la situación en tres frases: «Aumento de los episodios de racismo y xenofobia, algunos de ellos caracterizados por una violencia sin precedentes», «sensación de malestar e inseguridad crecientes» y «pésimas condiciones de acogida».
Dos parlamentarios italianos, Roberta Angelilli, de Alianza Nacional, y Mario Borghezio, de la Liga, presentaron un voto particular denunciando que el texto «dibuja un cuadro denigrante y no realista de la situación» y «expresa un juicio político instrumental antes que contribuir a la solución de los problemas».
A otros, en cambio, les parece demasiado suave. La ONG EveryOne, que cuenta entre sus miembros con ciudadanos gitanos, afirma que «en Italia está en curso una campaña mediática y política dirigida a criminalizar al pueblo romaní y consentir así un número impresionante de desalojos brutales, intimidaciones, expulsiones de hecho y de ley de familias enteras, y abusos judiciales».
Cuenta Miguel Mora en El País que en los últimos días, tres violaciones, una cometida en Primavalle, barrio de la periferia de Roma; otra en la cercana ciudad de Guidonia, y la tercera en Piacenza, al norte del país, han conmocionado a la población y han desencadenado, otra vez, la cacería indiscriminada de gitanos, rumanos.
Italia es el país de Europa más receloso ante los inmigrantes y los gitanos, según indican las encuestas internacionales, y de nuevo ha reaccionado al horror mirando hacia los sospechosos habituales. «Furia inhumana. Se peinan los campamentos romaníes», titulaba el pasado miércoles el diario Corriere della Sera.
Tras las violaciones ha habido redadas de día y de noche en los campamentos cercanos a los hechos. Quinientas personas fichadas y veinte detenidas por motivos ajenos a los hechos. A cambio, no ha habido ningún arrestado por los ataques contra inmigrantes.
En Guidonia, el sábado de la semana pasada, un grupo de jóvenes de extrema derecha agredió a nueve extranjeros; el martes, una turba intentó linchar a los seis ciudadanos rumanos detenidos como sospechosos.
La noche anterior, cuando la policía aún buscaba a los autores del delito, la agencia Ansa rebotó estas declaraciones del ministro del Interior, Roberto Maroni, a la televisión RAI 1: «Los datos de violaciones en Italia son atribuibles en un 58% a italianos y en un 9% a rumanos. En Roma, la situación es distinta: 35% italianos y 31% rumanos. La diferencia se explica por la fuerte concentración. En mayo acabaremos con los campamentos ilegales de nómadas». Las últimas estadísticas oficiales de 2007 reflejan, sin embargo, que el 90% de los delitos sexuales son atribuibles a ciudadanos italianos y sólo el 10% restante a extranjeros.
«Los sospechosos de la horrenda violación en grupo de una joven de 21 años en Guidonia resultaron ser, en efecto, rumanos, pero no de etnia romaní. Interior sólo comunicó este hecho el jueves, 48 horas después de los arrestos», recuerda EveryOne. Para entonces, la mayoría de los medios de comunicación había dado por descontado que los culpables eran gitanos.
La lógica tensión del Gobierno, atacado por la oposición, que fue a su vez denigrada como ineficaz por la derecha, ha llevado a algunos ministros a ignorar incluso la presunción de inocencia. A raíz de que uno de los sospechosos confesara su implicación en los hechos de Guidonia tras ser interrogado toda la noche, el ministro de Exteriores, Franco Frattini, declaró: «Cumplirán la pena en Rumania».
Sólo unas horas después de que la prensa difundiera la noticia de la violación de Primavalle (Roma), cometida por «dos extranjeros», una banda de jóvenes destruyó varias chabolas del campamento del barrio. Aparecieron pintadas racistas. A continuación, las fuerzas de seguridad «completaron el trabajo y dejaron en la calle a 50 personas, entre ellas varios enfermos y más de 20 niños». «Como suele pasar», concluye Malini, «su única culpa era ser gitanos y vivir cerca del lugar del delito».
Según se supo el pasado jueves, el Ayuntamiento de Roma ha destruido 124 asentamientos nómadas durante las últimas nueve semanas.
