El ministro de Justicia de Ecuador, Gustavo Jalkh, descartó ayer que el Gobierno haya tenido vínculos con el caso de narcotráfico que salpica a un ex funcionario y señaló que es una necesidad en el país garantizar el acceso a una justicia «más profesional».
Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Jalkh, en declaraciones a la cadena estatal Ecuador TV, «descartó que el Gobierno haya tenido algo que ver con las actividades del ex funcionario» Ignacio Chauvín, acusado de mantener nexos con una supuesta red de tráfico de drogas.
El texto de la Presidencia afirma que «el ministro expresó que es evidente que una nueva Ley Orgánica de la Función Judicial es fundamental y urgente para la transformación del sistema de justicia», ya que el proceso penal contra Chauvín es «un ejemplo de la necesidad que existe de garantizar el acceso a la justicia».
Además, el ministro señaló que los jueces y fiscales «deben actuar de forma más profesional, adecuada y apegada a los derechos constitucionales» y que Chauvín, «como todos los ciudadanos, tiene derecho a defenderse y a responder a las denuncias que se han imputado en su contra».
El ministro afirmó que «incluso, el hecho de que Chauvín se haya presentado ante la justicia permite que la investigación en torno a este caso avance de mejor manera», agrega el texto.
Ayer Chauvín se entregó a las autoridades policiales después de que pesara sobre él, durante seis días, una orden de captura acusado de un supuesto nexo con los hermanos Ostaiza, presuntos miembros de una red de narcotráfico.
Chauvín, dirigente del partido oficialista Alianza País (AP), desempeñó el cargo de subsecretario en el Ministerio de Gobierno (Interior) durante unos meses en 2007 y fue asesor del ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea.
Larrea, quien dimitió de su cargo para postularse como asambleísta nacional en las próximas elecciones generales del próximo 26 de abril, decidió renunciar a su candidatura por la presión mediática que produjo el caso.
El proceso contra Chauvín ha causado gran revuelo en el país ante la campaña electoral y el argumento de que a través de él el Gobierno de Rafael Correa habría tenido vínculos con el narcotráfico, lo cual se ha convertido en el caballo de batalla de los partidos de oposición.
