(PL).- Los suizos aprobaron hoy en referéndum extender el derecho de libre circulación en el país a los ciudadanos de Bulgaria y Rumania, con lo que garantizaron la continuidad de su relación bilateral con la Unión Europea en los términos vigentes. De los cinco millones de electores, una gran parte había votado ya por correspondencia.
Según las primeras estimaciones difundidas por la Radio Suisse Romande, entre el 55 y el 60% de ciudadanos votaron por el sí. El primer resultado prácticamente definitivo por cantones fue el de Ginebra, donde el sí recibió el 62% de los votos.
El referéndum confirma así la validez indefinida del acuerdo de libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea, así como su extensión a los últimos en ingresar, Bulgaria y Rumania. Tanto a búlgaros como a rumanos se les otorga de esta manera los mismos derechos de instalarse y trabajar en Suiza que el resto de ciudadanos comunitarios.
En esta consulta popular, Suiza se jugaba el futuro del conjunto de su relación bilateral con la Unión, incluso en el ámbito económico. Las relaciones entre Suiza y la UE (en las áreas del comercio, mercados públicos, agricultura, transporte terrestre y aéreo, e investigación) se basan en un paquete de acuerdos, todos ellos vinculados jurídicamente, los que quedarían caducos si el no hubiese ganado en el referéndum de hoy.
Rechazo de la derecha
La derecha nacionalista, apoyada en esta causa por la izquierda sindicalista, ha protagonizado una campaña en contra del sí, que degeneró en las últimas semanas y que se ha basado en levantar el temor de la supuesta competencia desleal en materia salarial, el aumento de la criminalidad y el abuso de las ayudas sociales que provocaría abrir los brazos particularmente a los rumanos.
En un país donde la tradición de la democracia directa está fuertemente asentada, esta campaña de votación ha sido especialmente dura y ha incluido presiones sobre los medios de comunicación y desinformación por Internet. Incluso se ha presentado una denuncia penal contra la ministra de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey, por supuesto intento de aterrorizar a los votantes sobre las supuestas consecuencias económicas que tendría rechazar la pregunta del referéndum.
