El Gobierno de Bolivia calificó de práctica «xenófoba y racista» la decisión de la Unión Europea (UE) de aprobar la próxima semana una directiva que sancionará a los empleadores de inmigrantes que no tenga papeles en orden.
En un comunicado del ministerio de Exteriores, el Gobierno de Evo Morales «manifiesta su total rechazo a esa medida, en consideración al principio del irrestricto respeto a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos».
Según el Gobierno boliviano, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar formalmente los próximos días 18 y 19 de febrero la directiva que establece las sanciones para los empresarios que den trabajo a inmigrantes que no hayan regularizado su situación.
El comunicado sostiene que «existe una decisión plena del Parlamento Europeo para imponer sanciones penales a dichos empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular«.
«El Gobierno boliviano lamenta igualmente la reposición de ciertas prácticas xenófobas y racistas que han intentado ser eliminadas por la comunidad internacional desde la segunda guerra mundial», agrega el comunicado en alusión a la directiva.
Asimismo, Bolivia plantea a los Estados de la Unión Europea que revisen y reconsideren tal medida, «tomando en cuenta los acuerdos internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados en los ámbitos e instancias internacionales».
El Gobierno de La Paz expresa, asimismo, «su profunda preocupación» por el alcance de esta medida que da prioridad «al control fronterizo y la seguridad» y advierte que frenar el acceso al trabajo de los inmigrantes los dejará en una situación vulnerable.
La propuesta de directiva, según el comunicado, introducirá penas mínimas a escala europea, entre ellas multas, y la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas durante un periodo de cinco años a los empleadores que no la cumplan.
También establece que «los castigos no se impondrán solo a las personas físicas que infrinjan la normativa, sino que también se aplicarán a las personas jurídicas, algo que la legislación española no contemplaba».
Según cifras oficiales, cerca de medio millón de inmigrantes bolivianos puede estar en riesgo de perder sus empleos en diversos países de Europa con la aplicación de esa normativa.
