(PL).- Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.
Según una nota interna a la que ha tenido acceso Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos. la orden está vigente en Madrid y probablemente en otras muchas ciudades españolas.
«Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito», recoge una nota interna de esa comisaría del sur de Madrid y que está fechada el pasado noviembre, cuando se celebró una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía.
En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: «Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)», recoge el documento.
Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo. En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera.
Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una «clarificación legal» sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones «masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero».
