El Gobierno de Ecuador anunció ayer que decidió dar por terminado un convenio con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), que otorgaba a esa organización no gubernamental un estatus de inmunidad y algunos privilegios tributarios.
El Gobierno ecuatoriano y la Cancillería, a través de un boletín de prensa difundido anoche, indicaron que, en ejercicio de sus atribuciones, se «puso fin al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades», suscrito con la ALDHU en septiembre de 1990, así como una modificación efectuada a ese convenio en febrero de 1998.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio por terminado el convenio, «en el marco de una política que busca recuperar las capacidades de regulación y gestión del Estado, en todos sus órdenes».
La medida deroga, entre otros aspectos, la jurisdicción de inmunidad de la ALDHU, así como el de «no estar sometida a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras medidas por parte del Gobierno».
También elimina la posibilidad que gozaba la ALDHU de «tener los bienes libres de impuestos y las importaciones exentas de derechos de aduana, impuestos o gravámenes».
Asimismo, deroga la norma que permitía a la ONG «tener libres de todo impuesto los contratos para adquisición, venta o permuta de los inmuebles destinados al uso oficial» de la secretaría general de la organización.
Además, recuerda que los funcionarios de la ALDHU en Ecuador gozaban de inmunidad en todo proceso judicial, por «palabras orales o escritas» y por «todos los actos en el desempeño de sus funciones».
El Gobierno ecuatoriano justifica su decisión de dar por terminado el convenio, sobre la base de que el capítulo de los derechos civiles es uno de los pilares de la Constitución del Estado y de su Plan Nacional de Desarrollo.
La Carta Magna, agrega el escrito, establece que «las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales».
Esos derechos, agrega la Constitución, «se ejercerán, promoverán y exigirán de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes», las que «garantizarán su cumplimiento».
Por todo ello, sostiene el Gobierno, «la ALDHU puede seguir trabajando en Ecuador, con total libertad, como lo hacen muchas otras organizaciones de derechos humanos, en el marco de las garantías que dispone la Constitución de la República».
Con esta medida, «el Gobierno ecuatoriano coloca a todas las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos en igualdad de condiciones, sin privilegios ni distinciones especiales».
La decisión del Gobierno se da en medio del escándalo desatado por el denominado «caso Chauvin», que involucra a un ex cargo del Ejecutivo, imputado en supuestas relaciones con una red de narcotráfico, con zaga en la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ignacio Chauvin, un ex subsecretario del Interior, ahora detenido y bajo investigación por el caso de narcotráfico, fue hace algunos años colaborador de ALDHU.
Chauvin, que defiende su inocencia en el caso de presunto narcotráfico, ha admitido que se reunió en varias ocasiones con Raúl Reyes, el fallecido número dos de las FARC, para tratar sobre el intercambio humanitario entre rehenes de esa guerrilla colombiana, por militantes detenidos en cárceles de Colombia.
