(PL).- A pesar de que el Gobierno argentino ha convocado este jueves a los productores rurales a una reunión para negociar cambios en la política agropecuaria, los agricultores han decidido convocar un paro de cuatro días por entender que sus peticiones no han sido atendidas, según el diario Clarín.
La huelga comienza hoy y durante cuatro días no comercializarán algunos productos. El paro se levantará horas antes de la reunión que mantendrán con la ministra Debora Giorgi el próximo martes.
El sector agrario, agobiado por una grave sequía que ya recortó la cosecha y provocó la muerte de cientos de miles de vacas, lleva meses reclamando rebajas en los impuestos y ayudas para los agricultores afectados por el clima seco y la caída de los precios internacionales de las materias primas.
El martes, reunión con el Gobierno
La convocatoria del Gobierno para el próximo martes con la ministra de Producción, Débora Giorgi, se produjo mediante una carta enviada a los dirigentes agrarios. «La voluntad de diálogo está, de hecho ha tomado estado público que hemos estado reunidos intentando acercar posiciones», dijo más temprano la presidenta argentina, Cristina Fernández, a una radio local.
Pese a que los dirigentes rurales habían afirmado que las autoridades se negaban a recibirlos, el Gobierno mantuvo en los últimos meses reuniones secretas con una de las cuatro asociaciones agrarias en protesta, con el fin de acordar medidas para el sector.
«Se había llegado a acuerdos muy importantes en materia de carne, de leche, de comercialización de trigo. Lo que pasa es que dialogar no significa tener que decir a todo que sí», añadió la mandataria.
De todos modos, la presidenta volvió a rechazar la posibilidad de reducir los impuestos a las exportaciones de soja -llamadas retenciones-, el principal cultivo argentino, al asegurar que afectaría la sustentabilidad fiscal y social.
Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos y las protestas del 2008 -con huelgas y bloqueos de rutas- afectaron las exportaciones, provocaron una desaceleración de la economía local y sumieron al Gobierno en una crisis política.
El sector reclama también la liberación de los mercados de granos y carnes regulados por las autoridades para asegurar el abastecimiento doméstico de alimentos, en un país en el que un tercio de la población vive en la pobreza.