(PL).- Entre tramas de corrupción y reacciones a controvertidas decisiones judiciales, prácticamente ha pasado desapercibida para el rigor de la actualidad diaria la notificación del Gobierno acerca de su anteproyecto de reforma de la no menos cuestionada en su día Ley de Extranjería.
Explica E. Montañés en ABC que, según este proyecto, que todavía ha de llegar a la sede parlamentaria para su discusión y posible aprobación o anulación, el Ejecutivo socialista multará con hasta 10.000 euros a quien hospede y dé cobijo a un inmigrante que se encuentre en situación irregular en suelo español.
En el anteproyecto de la normativa se tipifica como una infracción grave que conlleva la máxima sanción citada «promover la permanencia irregular en España de un extranjero», como se regoge en el artículo 53 de la propuesta de reforma. Las sanciones oscilan entre los 501 y los 10.000 euros, aunque para determinarlas «se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares» a la hora de proponer la sanción por cobijar a un inmigrante.
El texto de modificación de la Ley de Extranjería aprobado en Consejo de Ministros y que está a punto de comenzar su singladura parlamentaria, entiende que tal promoción se produce cuando el extranjero «dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto».
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación ilegal y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación.
Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes que llegaron a España de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
Por eso, este tipo de organizaciones han sido las primeras que hoy han clamado en contra de la medida que algunos no han dudado en tildar como de «homófoba».
La Iglesia reacciona en contra de la medida
El presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz de Madrid, Rodrigo Pérez, ha advertido hoy a Ep que si cobijar inmigrantes en situación administrativa no regular es una falta grave «la única solución que le quedará a muchas personas es estar en la calle».
¿Cuál será la alternativa para estas personas que ofrezca el Gobierno?, se ha preguntado Pérez, que ha considerado que si ninguna ONG puede proporcionar un alojamiento o formación a los «sin papeles» para brindarles una oportunidad y que encuentren un trabajo, estarán «abandonados a su suerte».
Además, Pérez ha arremetido contra la Administración por ser la «primera en incumplir» la Ley de Extranjería, porque pone «en la calle» a los chavales cuando cumplen 18 años en un centro de menores sin haberles empadronado.
En este sentido, el presidente de la ONG en Madrid apuntó que aún teniendo en muchos casos derecho al permiso de residencia por arraigo, estos inmigrantes que llegaron a España siendo niños y que durante un tiempo estuvieron tutelados por una autonomía, son puestos en libertad a los 18 años «sin oficio ni beneficio». Por ello, ha instado al Gobierno a definir cuál será la cuantía que se autoimponga y a las instituciones públicas que «dejan indocumentados» a los jóvenes venidos de otro país.
También se ha pronunciado sobre la propuesta de reformar la normativa el obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, ha criticado «la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos».
«Cuando las cosas van bien en nuestra economía, a los inmigrantes se les usa para engordar las arcas de la Seguridad Social y Hacienda, y cuando las cosas se ponen feas, todo son sanciones y castigos.
Se levanta la mano cuando los necesitamos y se aprieta el zapato cuando nos sobran», dijo muy gráfico el obispo a la revista religiosa «Vida Nueva», que indica también que varios colectivos eclesiales se plantean la desobediencia civil si la nueva reforma de la Ley de Extranjería si sale adelante. Como extensión de las palabras del obispo, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) ha anunciado que «seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite aunque no tenga papeles, incluso si eso significa llegar a la desobediencia civil».
Además, esta organización acaba de enviar a todos sus miembros una relación de textos recientes del Magisterio de la Iglesia que recuerdan la obligación sagrada de prestar hospitalidad a quien más lo necesita, por lo que la propuesta podría abrir un nuevo frente entre la Iglesia y el Estado.
También Cáritas ha enviado recientemente una circular a todas sus delegaciones en la que, además de valorar que el momento socioeconómico para un cambio legislativo «es poco afortunado», manifiesta su preocupación por la graves consecuencias que esta legislación tendría para las organizaciones del tercer sector.
