Unas 3.000 personas se manifestaron en el centro de Lima para pedir un castigo ejemplar para el ex presidente Alberto Fujimori, actualmente juzgado por atropellos contra derechos humanos en un proceso cuya sentencia está cercana.
Los manifestantes fueron convocados por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y varias organizaciones vecinales, gremiales, estudiantiles y de víctimas de la violencia de grupos paramilitares.
Pese a que había temores de que radicales fujimoristas boicotearan la marcha, como en otras ocasiones, la manifestación se desarrolló sin mayores incidentes, en una atmósfera festiva con música, zanqueros y un muñeco representando a Fujimori dentro de una cárcel de barrotes, junto a su asesor Vladimiro Montesinos.
Las pancartas que portaban los manifestantes pedían un castigo para Fujimori: «Ni olvido ni perdón»; «No a la impunidad»; «Sin justicia no hay paz» o «El pueblo no olvida», y muchos de los asistentes usaban camisetas con dibujos del ex mandatario entre rejas.
Los manifestantes recorrieron varias calles del centro de la capital entre la Plaza Dos de Mayo (donde está la sede de la CGTP) hasta la Fiscalía de la Nación, donde entregaron un comunicado firmado por los líderes de los organismos convocantes.
En el escrito, los firmantes alabaron la labor de la Fiscalía en el «caso Fujimori» «cuya actuación (es) digna del mayor elogio».
«Queremos expresarles nuestro reconocimiento y agradecimiento más profundo», añade el texto.
En declaraciones a Efe, Gisela Ortiz, representante de los Familiares de víctimas del caso La Cantuta, no albergó ninguna duda de que «va a haber una pena máxima por la autoría mediata (de Fujimori) por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos».
Estos son los dos casos más graves por los que se enjuicia a Fujimori, pues las matanzas de Barrios Altos (1991, 15 muertos) y La Cantuta (1992, diez muertos) son atribuidas al llamado «grupo Colina», creado en el seno del Ejército peruano.
Mientras que la defensa de Fujimori intenta desvincular los manejos del «grupo Colina» con el Gobierno, la Fiscalía y la acusación particular han insistido en la idea de la «autoría mediata» del presidente, que no podía ser ajeno a las actividades del grupo.
